El nuevo texto de ley audiovisual de Andalucía está concluyendo la tramitación administrativa y en próximas semanas pasará a ser debatida por el Consejo de Gobierno para su aprobación y tramitación en el Parlamento.
Este proyecto se comenzó a gestar en el año 2013 cuando la Consejería de la Presidencia puso en marcha unas reuniones de concertación designada Mesa de Orientación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) que dio como resultados , al año siguiente , una serie de documentos denominados; Bases para el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, y Bases del Plan de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía (POISA), donde se planteaban más de un centenar de medidas para fomentar este sector.
Este texto del anteproyecto de Ley se definían, en su momento, como una norma paraguas que daba impulso y marco a otra dos leyes ; Sobre RTVA y del Cine. Con estos nuevos textos se intentaba dar un marco legal nuevo y propio a competencia propia de la Comunidad.
Ahora que ya pasaron tres años nos encontramos que todas las leyes comentadas siguen en el proceso administrativo. Seguro que existen razones y justificación para que este, digamos, largo proceso se puedan explicar por algún responsable público. Otra cuestión es si lo puede hacer sin tornar sus mejillas de color.
Estos tiempos tan amplios nos llevan a pensar si realmente está leyes tienen razón de ser o existen otros tipos de regulación que sirvan para llegar al mismo lugar pero con menos tiempo de tarea. En la autonomía tenemos un especial interés en la redacción de leyes que dado su largo proceso interno llegan bastante desgastados al momento realmente importante: el debate parlamentario.
Entiendo que la redacción de un proyecto de ley es la salida más sencilla para resolver una problemática que no se quiere, no se puede o no se sabe solucionar por parte de la Administración. La reflexión que la política andaluza debería de hacer es sobre la necesidad de redactar tanto nuevos marcos legales o pueden existir otra fórmulas para actuar con una mayor agilidad política sin por eso hurtar a la sociedad y su representación Parlamentaria su derecho de opinión y debate.
Así podemos evitar, quizás, que las leyes comentadas; audiovisuales, cine o RTVA vayan a tarde cuatro años, al menos, en ser publicadas en el BOJA.