Democracia y persecución ideológica no casan entre sí: la democracia presupone la libertad de sus ciudadanos, en una reciprocidad que las sociedades modernas dan por sentada. Por eso nadie se cree el discurso de los separatistas, cuando se quejan de sufrir una persecución ideológica. Son ellos los que emplean la coacción, la violencia y hasta el terrorismo para imponer su guion de Astérix, pero sin Obélix, que es el que tiene gracia.
Cosa distinta es la persecución ideológica que hemos padecido los padres ante nuestro derecho de escoger el colegio que creemos más beneficioso para nuestros hijos. La libertad causa urticaria en los políticos que meten sus zarpas ideológicas para eliminar el concierto en los centros diferenciados por sexo, esto es, la ayuda económica que nos corresponde, entre otras cosas por librar a las arcas públicas del sobrecoste disparatado de la enseñanza pública. Algo parecido sucede con la asignatura de religión, que es tan evaluable como cualquier otra, pues un niño o una niña que finalizan sus estudios sin conocer el hecho religioso (el cristianismo, especialmente, por ser la fe que sostiene nuestra cultura y la cultura europea), es una víctima inocente y desacreditada por la checa del adoctrinamiento.
Soy libre para llevar a mis hijos a colegios diferenciados (que no segregados por sexos, vocabulario de quienes retuercen el lenguaje para tildarnos de salvajes), como lo soy para escoger un centro mixto. No presupongo que un modelo sea mejor que el otro. Sólo presupongo que soy libre y responsable de mis decisiones. Por tanto, después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional contra las leyes y disposiciones que han sufrido las familias que, como la mía, creen en la educación diferenciada, acuso a ciertos gobiernos autonómicos y a ciertos partidos por haber ejercido durante años una persecución encarnizada a quienes somos libres, libres, libres.