La delgada línea que separa la realidad del disparate diario ha vuelto a ser rebasada. La salida al farragoso proceso para fijar el horario laboral de los funcionarios andaluces merece el artículo y un Martini agitado, no removido.
El personal que se gana el pan de los suyos en la administración andaluza, ya lo saben, tiene que cumplir 37,5 horas de curro. Pero ese cómputo incluye dos horas y media de presunto, hipotético y cuestionable trabajo casero para salvar los muebles y saltarse a piola la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el decreto juntero para reducir el laboreo de los funcionarios del Sur de Despeñaperros a las traídas y llevadas 35 horas.
El repaso a las ocupaciones que la Junta de Andalucía ha considerado compatibles con esas tareas caseras produce cierto estupor. Dejémoslo ahí. Pero, sobre todo, un agravio comparativo con todos los curritos que se baten el cobre por cuenta propia o ajena sin mirar el reloj ni detenerse en zarandajas. No se vayan que todavía hay más: a partir de ahora los funcionarios andaluces podrán computar cursos de todo pelaje y condición –no sé qué diantres es meditación New Age, ni liderazgo personal– para justificar esas diez horas mensuales que se han quedado por el camino pegándole una larga cambiada a toda una sentencia del Constitucional. Recuerdo la cantinela de cierto religioso ante el atemorizado auditorio de su alumnado: «Señores, sólo se aprueba con dos horas diarias de trabajo personal». A los funcionarios les piden media... verónica.