Es lamentable tener que empezar un artículo de opinión explicando, no a la ciudadanía en general (que sería algo normal) sino a Presidentes de Parlamentos, Gobiernos autonómicos, parlamentarios, diputados, concejales y alcaldes –entre otros- algo tan sencillo como son los Poderes del Estado. O simplemente, como para organizar el funcionamiento de España, el Estado tiene tres poderes enormemente importantes: el poder legislativo (capacidad para hacer las Leyes), ejecutivo (poner las Leyes en práctica mediante el Gobierno) y judicial (la capacidad de los jueces de juzgar si las leyes se cumplen o no, y evidentemente –en caso de incumplimiento- aplicar las sanciones establecidas).
Y, ¿eso es todo?. Sí. Eso es todo, tan fácil como esto, ya que fuimos los españoles los que nos autoimpusimos este sistema para una mejor convivencia y seguridad de todos; y ni que decir tiene que cuando no estemos de acuerdo con ellas sólo tenemos que autocambiarlas como legalmente proceda.
Ahora resulta que a algunos les sorprende que un juez vea presunto delito de sedición, y –ley en mano- los detenga y encarcele a quienes crean que lo han cometido, y todo ello, insisto, basándose en el ordenamiento jurídico.
Y ¡ojo!, el delito de sedición no es cualquier cosa si me permite el lector la expresión. La sedición, que se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes».
Es por ello, que mientras a alguno les sorprende las detenciones, a otros nos da tranquilidad. Tranquilidad porque España funciona, porque se produce la división de poderes, y porque la ley se aplica para todos sin excepción.
Menos mal...
Mientras tanto, ¡sé feliz!