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Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver. / Javier Cuesta
La Audiencia ha hablado y ha decidido levantar las medidas cautelares sobre las acciones de Lopera pese a reconocer que «se refuerzan los indicios de criminalidad» tras la instrucción de Alaya. La medida solo se sustenta en el tiempo transcurrido y ha sido acogida con satisfacción por unos cuantos y con resignación por la mayoría de béticos. Normal cuando se anda de pleitos. Yo, de Lopera, no estaría muy tranquilo tras leer el auto con detenimiento, pues eso que comentan sus allegados de que la causa será sobreseída es difícil de creer tras repasar los argumentos de las magistradas. Tarde o temprano irá a juicio por la vía de lo penal. Y lo sabe.
Ahora se abre, eso sí, la posibilidad de que Lopera –o Castaño, o Bitton– tome de nuevo las riendas del Betis, al menos hasta que se conozcan sentencias –algunas inminentes– y se celebren nuevos juicios. La reciente resolución de la Audiencia permite tal escenario, pero el auto no ha hecho más que pasar la pelota al Juzgado de lo Mercantil 1, al que en un par de días 17 accionistas béticos pedirá que ejecute las cautelares por el 31,38% de las acciones que ya concedió en 2012.
Ahora existen muchos más motivos para que esas medidas vuelvan a ser concedidas, de manera urgente, y es la propia Audiencia la que apunta ese «derecho que asiste a las partes de instar la ejecución de las medidas cautelares acordadas en el procedimiento civil seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla», pues entiende que ese es un «mecanismo tendente a la protección del Real Betis», la víctima en todo este caso. Procédase pues, a concederlas. Es de ley.