El caso de Maloma Morales, la joven de origen saharaui nacionalizada española y retenida desde hace más de cuatro meses en los campamentos de Tinduf, de una parte, y la grave escalada de tensión entre Marruecos y la ONU tras la visita del secretario general Ban Ki Moon a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, el pasado 5 de marzo, han devuelto a la actualidad el conflicto del Sáhara y el caso de la población refugiada saharaui, unas 180.000 personas que acaban de cumplir 40 años completamente olvidados por el mundo en uno de los parajes más inhóspitos del planeta.
Durante su reciente visita al Sáhara Occidental, Ban Ki Moon se refirió a las condiciones inaceptables de vida en los terrenos ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. Marruecos, como es sabido, rechaza esta visión, y clama derechos de soberanía sobre este territorio en disputa. La escalada de tensión con Naciones Unidas está lejos de dar marcha atrás, después de que Marruecos expulsara el pasado 20 de marzo a 73 empleados civiles de la Minurso, y retirase la partida económica con la que contribuye a financiar la misión. Además, ordenó el cierre de la oficina militar de la ONU en Dajla. Hoy por hoy solo queda una veintena de empleados civiles de la Minurso en el Sáhara Occidental. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, advirtió de que la salida de esos empleados haría muy difícil completar el mandato de la misión, cuyo fin es la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Son muchos los obstáculos que han impedido la celebración del referéndum acordado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, el primero de ellos, lo limitado del propio mandato de la Minurso, única misión de Naciones Unidas en el mundo sin mandato para monitorizar el respeto de los derechos humanos por parte de los actores en conflicto en el territorio disputado o en los campamentos de refugiados, debido a la oposición histórica de Marruecos a esta posibilidad. Human Rights Watch, que ha documentado vulneraciones de los derechos humanos tanto por Marruecos como por la República Árabe Democrática Saharaui (RADS), opina que el Consejo de Seguridad de la ONU debería ampliar el mandato de la Minurso para incluir la vigilancia de los derechos humanos, tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos administrados por el Polisario en Argelia.
El segundo obstáculo sería el grado de división que existe en la comunidad internacional sobre la conveniencia de apoyar la autodeterminación en un territorio cuando las partes adoptan posiciones completamente irreconciliables y también por la existencia de una multiplicidad de capas, intereses, que superan a los de los actores directamente en conflicto y complejizan la resolución de la disputa. El control de la orilla sur del Mediterráneo, la pugna por las relaciones comerciales preferentes con Marruecos entre Rusia y la Unión Europea en sectores estratégicos como la pesca, defensa, minería y energía, que afectarán en una u otra medida a España, Francia, Argelia y Estados Unidos, son un puñado de ejemplos.
Así, Marruecos y Mauritania reclaman su soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental al tiempo que España y Argelia apoyan su independencia. Estados Unidos se decanta por la vía autonomista, mientras que Rusia apoya sin fisuras las posiciones irrendentistas de Mohamed VI, con la esperanza de reforzar su posición geoestratégica y comercial en el Mediterráneo Sur ante el empuje de China. La parálisis en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental es tanto el resultado de los hechos consumados producto de la guerra, como del hecho de que estas nuevas realidades no han venido acompañadas de nuevos criterios objetivos que conduzcan a una solución efectiva.
En tercer lugar, la duda creciente sobre si la reivindicación saharaui de un derecho absoluto a la plena autodeterminación en forma de completa independencia del pueblo saharaui no esté sirviendo en la práctica para bloquear cualquier avance político significativo.
Cada vez es más frecuente escuchar la objeción de que el concepto de la libre determinación, tal como se acuñó en la era de la descolonización, puede ser inadecuado para tratar los conflictos modernos que implican soberanías en conflicto. Tal es el caso del conflicto palestino israelí, donde cada vez más voces, incluso dentro de la propia OLP, abogan por el modelo de un Estado para dos pueblos como solución superadora de la idea de Dos Estados, que a ojos de muchos resulta inviable por la fuerza de los hechos consumados de Israel.
Lo cierto es que son estos conflictos, los que implican a habitantes de las antiguas colonias europeas enfrentados los unos contra otros por el control de lo que fueron una vez los territorios coloniales, los que algunos estudiosos han venido a definir como «conflictos intratables» abogando por enfoques renovados.
Desde esta perspectiva renovada, la lucha por la realización plena de un derecho a la autonomía podría quizá entenderse no como un fin en sí mismo sino como una herramienta política para asegurar que los derechos y las necesidades de la población saharaui sean abordados adecuadamente y como el punto de partida para objetivos políticos más ambiciosos. Quizá no sea tan descabellado analizar en paralelo el debate político que en España se está produciendo en relación a la crisis territorial y la necesidad de dotar al Estado Español de un nuevo modelo constitucional. Al fin y al cabo, la posibilidad que se abre en España de revisión de nuestro modelo territorial hubiera sido imposible sin que el conjunto de los españoles se hubiera reconocido primero como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de un estado democrático con identidades nacionales plurales.
Conllevaría todo esto una revisión del concepto propio de autodeterminación, entendida como un medio y no un fin en sí misma. El fin debiera ser la puesta en marcha de un sistema político y económico democrático, participativo, en el que se protejan los derechos de las personas y la identidad de las comunidades minoritarias.
Este enfoque gradual permitiría superar la idea de que el proceso auspiciado por Naciones Unidas deba concluir con un ganador y un perdedor, fórmula de máximos que pareciera haberse convertido en una receta para el estancamiento y una constante amenaza para la paz, la protección de las personas en el Sáhara Occidental en disputa y la garantía de la protección de los Derechos Humanos.