Silencio elocuente. La comunidad científica y médica andaluza no se ha movilizado para lamentar que se hayan rescindido los contratos de Bernat Soria y Shomi Bhattacharya. A través de la Fundación Progreso y Salud, de la Junta de Andalucía, seguían cobrando cada uno 150.000 euros al año. Ninguno de los dos dirigía desde hace muchos años el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), radicado en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja. Si su labor en el seno del ecosistema investigador andaluz hubiera sido sobresaliente e indispensable, numerosos científicos saldrían a la palestra para criticar los despidos. Ya fuera a través de un manifiesto colectivo, o con declaraciones a los medios de comunicación, lamentando su marcha y lo que se pierde en términos estratégicos por su rendimiento y por lo que aportan como valor añadido. No es el caso porque, en su gran mayoría, los miles de científicos que, con enorme esfuerzo, están contribuyendo a incrementar la excelencia y repercusión internacional de la producción científica desde Andalucía, sufren los recortes, carencias e incomprensiones que de modo pertinaz castigan a la ciencia en España, y no gozan de los chollos otorgados y mantenidos a Soria y a Bhattacharya. Es la prueba del algodón: diferenciar a quien sirve al bien común de quien se sirve de las relaciones de poder.
En el Cabimer trabajan 200 personas, casi todos investigadores, que se afanan en el tajo de los laboratorios muchas más horas a la semana de las que se marcan en pactos político-sindicales para los empleados públicos. Y no por gusto ni por masoquismo, sino porque si no hicieran un sobreesfuerzo sería imposible sacar adelante sus proyectos con el fin de captar millones de euros que permitan desarrollarlos, en convocatorias nacionales o internacionales de asignación de fondos a los que pueden ser más beneficiosos, donde compiten con centenares de grupos. Por eso el Cabimer fue noticia científica de impacto mundial en 2018 cuando 'Nature Communications' validó y publicó cómo el equipo integrado por Nadia Cobo y Benoit Gauthier, entre otros, ha desarrollado el primer fármaco que puede ayudar a revertir los síntomas y las causas de la diabetes tipo 1. Por eso el Consejo Europeo de Investigación, a lo largo del último decenio, ha elegido y concedido cuantías, entre 1,5 millones y 2,5 millones de euros cada uno, para respaldar los trabajos de investigadores del Cabimer como Pablo Huertas, Felipe Cortés o Andrés Aguilera, su actual director. Son rentables por partida doble. Y cobran un sueldo muy inferior que Soria y Bhattacharya.
En España, a la ciudadanía se le ha inoculado de modo demagógico que en el sector público no puede haber sueldos altos. Ni siquiera en puestos de máxima responsabilidad institucional o de gestión de presupuestos cuantiosos en ámbitos esenciales para el adecuado funcionamiento y progreso de la sociedad. Lo verdaderamente importante es evaluar el rendimiento de esas personas con esa retribución. Un buen gestor de un presupuesto anual de 50 o 100 millones de euros puede ser baratísimo cobrando 300.000 euros, por los beneficios que depara a la ciudadanía su labor. Y un mal gestor de un presupuesto similar es una calamidad para la población aunque cobre 50.000 euros. Son mucho más caros los segundos que los primeros. De igual modo puede calibrarse por qué y para qué se justifica contratar con sueldazos a quienes no se van a arremangar. Se les llame o no fichajes, asesores, figuras... y acaban siendo figurones que trabajan para sus intereses y no para la sociedad que les paga con el dinero de sus impuestos.
Es profundamente inmoral alegar falta de recursos para retener a formidables talentos andaluces, de cuyas cualidades se están beneficiando en países a los que se ven forzados a emigrar, y que no han pagado su formación en colegios y universidades, mientras a la vez se mantienen durante años como intocables los sueldazos de quienes son relevados y no ejercen ningún cometido estructural. Los políticos que toman esas decisiones sustentadas en el manejo de dinero público nunca presentan su curriculum para gestionar una empresa. Ni osarían jugarse la viabilidad de una empresa propia, respaldada con su patrimonio, mediante esa inercia de pagar más a quien menos aporta.
En Andalucía, y en toda España, hay que poner en marcha una persistente cura de adelgazamiento. El gusto por la mamandurria es la obesidad mórbida que perjudica la salud de nuestra democracia.