En unas recientes Jornadas, uno de los ponentes exponía, a título informativo y sin atisbo de adoctrinamiento, lo que, según él, estaba en la base del independentismo catalán. Era el principio de que los pactos deben ser respetados, referido, en este caso, a un supuesto pacto político acordado entre Suarez y Tarradellas cuando se estaba elaborando la Constitución española. En virtud de ese pacto, Cataluña reconocía la legitimidad del proceso constituyente y el Estado reconocía un estatus diferenciado para Cataluña que, cualquiera que fuese el desarrollo del sistema autonómico, se mantendría en el tiempo, por lo que cualquier avance en el autogobierno de las Comunidades Autónomas debería mantener ese plus para Cataluña.
Los independentistas alegan que ese pacto no se ha cumplido, no solo porque la diferencia que inicialmente existía con el resto de Comunidades ha desaparecido, sino porque la propia Constitución reconoce un régimen económico especial para el País Vasco y Navarra que no tiene Cataluña. Ni que decir tiene que el susodicho pacto no está documentado y, además, no viven los dos que dicen que lo acordaron y la Constitución lleva en vigor treinta y ocho años.
Podemos aplicar al caso el nuevo término de post-verdad en cuanto creencia que contraviene los datos objetivos y que, pese a ello, se acepta acrítica y emocionalmente con graves e imprevisibles consecuencias. Al día de hoy, creemos que solo queda confiar en el buen hacer de la tan denostada política, dando un poco de tregua al Tribunal Constitucional.