Por Paula Rodríguez Modroño, profesora de Economía, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Premio Meridiana 2017
La economía feminista ha sido una de las corrientes críticas que más ha cuestionado los principios teóricos y metodológicos del análisis económico convencional. Podemos señalar tres diferencias fundamentales con el enfoque económico ortodoxo. En primer lugar, la corriente convencional sostiene que las personas somos autónomas, racionales y egoístas, actuamos solo movidas por el interés individual y la maximización sin límite, y la eficiencia debe ser la única medida del éxito. Mientras que la economía feminista plantea que los seres humanos somos interdependientes, nuestras preferencias pueden cambiar con el tiempo, y tenemos en cuenta en nuestras decisiones tanto a los demás, así como cuestiones diferentes de las materiales, como por ejemplo juicios morales, normas sociales o emociones. La eficiencia, sin tener en cuenta la equidad, la igualdad, la justicia social o las externalidades fuera del mercado (en los hogares o el medio ambiente), no puede ser el objetivo de la economía.
En segundo lugar, la economía feminista no se limita al estudio del mercado, sino que amplía el ámbito de análisis para incluir todas aquellas esferas que, aunque no están mercantilizadas, contribuyen de forma crucial al bienestar humano y a la reproducción social. De manera que la reproducción, los cuidados o las relaciones sociales adquieren un papel central, y los hogares o la comunidad se convierten en espacios fundamentales de producción y distribución, y también de estudio económico. Por ello, cuando la economía feminista habla de trabajos, está haciendo mención a todas las tareas que realizamos las personas para mantener nuestra sociedad, no solo a los empleos remunerados.
En tercer lugar, la economía feminista considera que las relaciones de poder son esenciales para comprender cómo funciona nuestro sistema económico y para entender las discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos, también en el privado. La economía feminista destaca las múltiples expresiones de las desigualdades. Las personas por razón de su sexo, clase, etnia o territorio en el que habitan tienen un acceso diferenciado a los recursos y al poder, participan de manera diferenciada en las distintas esferas y espacios económicos y no disponen de las mismas oportunidades ni de la misma libertad de elección.
La economía feminista es, por tanto, una apuesta por otro análisis económico, por otra manera de producir, intercambiar, consumir, distribuir y cuidar. Y, por ello, también aporta una visión diferente de las crisis económicas, de sus causas e impactos y de las políticas para salir de ellas. Un análisis feminista de las crisis económicas destaca tres hechos estilizados. El primero es que de las crisis se sale con una intensificación del trabajo de las mujeres. Pues es el tiempo de las mujeres, sobre el que pivotan gran parte de las estrategias familiares de supervivencia y de las estrategias gubernamentales a través del desmantelamiento de los servicios públicos. Las reformas que se han impuesto promueven un Estado que se inhibe en el terreno social y que busca la privatización total o parcial de los servicios públicos, y suponen una refamilización de los cuidados e individualización del riesgo, que nos conduce a un aumento de las desigualdades de género y de renta y a una situación difícil de sostener.
El segundo patrón es que tras una crisis el empleo masculino se recupera siempre antes que el femenino y éste último acaba aún más precarizado. El desmantelamiento del estado del bienestar (sobre todo los servicios sociales, sanitarios y educativos), así como las reformas laborales que desequilibran el poder contractual entre empresariado y trabajadores, merman la cantidad y calidad de los puestos de trabajo de estos sectores feminizados y dificultan la participación laboral presente y futura de las mujeres, al reforzar los estereotipos de género y la vinculación, una vez más, de las mujeres con el hogar. En efecto, desde que se empezó a crear empleo, el número de ocupados varones en Andalucía ha aumentado en 208.000 en comparación con únicamente 107.000 mujeres más. Además, la complementariedad que se asume a muchos empleos femeninos, hace que sean más irregulares, precarios y con salarios inferiores. Por ejemplo, el empleo a tiempo parcial se ha visto incrementado: 27,7 por ciento de mujeres ocupadas en Andalucía tenían empleos a tiempo parcial en 2016, frente a 8,9 por ciento de los hombres.
La tercera pauta es que de las crisis se sale con retrocesos en los avances en igualdad, demostrando como con políticas económicas de austeridad, las medidas de igualdad pasan a ser consideradas prescindibles. Desde el inicio de la crisis y muy particularmente desde la implantación de la estrategia de austeridad, se está ahondando en un modelo económico y social basado en la desigualdad, y modificando las reglas de juego, incluyendo los avances legislativos e institucionales en igualdad de género. Estas tres pautas, que un análisis desde la economía feminista permite evidenciar, no solo muestran que mujeres y hombres sufren de manera muy diferente las crisis, sino que nos recuerdan que los avances hacia un mayor bienestar humano o una mayor igualdad, entre ellas la de género, no son fenómenos imparables sino que dependen de la voluntad política y de la movilización social en su defensa.