Aparcar en una plaza reservada para personas con discapacidad o movilidad reducida es, hoy por hoy, igual de grave que hacerlo en cualquier otro sitio prohibido, igual que subir una rueda a la acera; o sea, que te pueden multar, como mucho, con 200 euros para que abones la mitad por pronto pago... Cuestión monetaria, un castiguito de la administración, nada grave. Nada de pérdida de puntos en el carné, como si cometer tal fechoría disfrazada de despiste, de mal gesto embadurnada por la prisa, no fuera motivo para perder los puntos no ya del carné de conducir, sino del carné del mínimo civismo, de la mínima empatía, que es mucho peor.
Uno se queda de piedra al enterarse de que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad anda pidiéndole al Gobierno que en la reforma de la Ley de Seguridad Vial introduzca como novedad la gravedad de que un conductor se ponga en el lugar de un conductor con discapacidad literalmente, es decir, para quitarle el lugar que la solidaridad comunitaria ha decidido reservarle a la vista de que ya tiene sobradas dificultades cotidianas como para añadirle la de buscar aparcamiento.
La falta de civismo se demuestra no solo en la falta de respeto por quien la ley decide respetar, sino en la falta de contundencia al penalizar a los irrespetuosos. Porque ponerte en el lugar de un discapacitado solo para quitarle el lugar es de un cinismo insoportable, pero que la ley castigue este cinismo con la misma vara de medir que para otras infracciones donde no hay claras víctimas de por medio es perpetuar una complicidad con los verdugos que siempre vienen a aparcar un minutito de nada.