Nadie en este país escapa a esas llamadas de números desconocidos desde el que, preguntando por tu nombre de pila, hacen todo tipo de ofrecimientos comerciales. Nos preguntamos dónde y en qué momento han podido conseguir nuestro número, nuestro nombre e incluso nuestros gustos, aficiones o compañía eléctrica suministradora. Nuestros datos vagan entre empresas sin nuestro conocimiento y suponemos que es una vulneración de nuestra protección de datos. Generalmente no es así y levantamos la veda cuando en un servicio gratuito de internet picamos sin leer el «acepto las condiciones»: wifis abiertas, aplicaciones, redes sociales...
Hace unos días, sin ir más lejos, me conecté a la wifi gratis de Aena que indicaban en el aeropuerto de Menorca, un espacio público que pagamos todos, dependiente del gobierno de España y cuál es mi sorpresa que a los pocos días comienzo a recibir de forma insistente llamadas de un teléfono de Alicante que pretendía hacerme creer que me había tocado un viaje con noches de hotel por Europa –investigando en internet hay quien habla de estafa comercial, pero ese será otro asunto–, mismo ofrecimiento que le hacen a Charo, mi pareja. En este caso el gratis se ha convertido en el anzuelo en el que miles de usuarios de internet en los aeropuertos en España son engañados y pescados para ser convertidos en mercancía entre empresas, en paquetes de datos vendidos a precio de oro. Es una especie de tocomocho 2.0 del que somos ajenos. Falta legislar el asunto porque es indecente que el opaco negocio en internet seamos las personas.