Las dos últimas muertes por accidente de trabajo ocurridas recientemente en una empresa radicada en nuestra provincia vuelven a poner sobre la mesa una trágica realidad que anualmente se lleva por delante centenares de vidas de trabajadores y trabajadoras en España.
Más de 500 muertes el pasado año en nuestro país, de los que casi un centenar fueron en Andalucía y más de veinte en la provincia de Sevilla, supone una autentica catástrofe nacional que año tras año nos golpea sin que verdaderamente se pongan los medios necesarios para evitarlo. A ello habría que sumar los miles de accidentes graves que dejan importantísimas secuelas en las personas.
Estamos pues ante una gravísima situación que no es nueva –viene muy de lejos–, que se ha convertido en crónica, y cada vez arroja datos más alarmantes. Resulta además extraordinariamente preocupante que en el imaginario colectivo se asuma casi como algo normal.
Con razón, la sociedad española se conmueve cada vez que suceden tristes acontecimientos producto de otro tipo de accidentes o catástrofes naturales; sorprende sin embargo que la siniestralidad laboral pase prácticamente inadvertida a pesar de su enorme magnitud y gravedad.
Ciertamente, desde el punto de vista formal tenemos una Ley de Prevención de Riesgos Laborales –que hace escasos meses cumplió veinte años– a la altura de las legislaciones de los países de nuestro entorno. No obstante resulta evidente la diversidad de causas que están haciendo que en la práctica la Ley se esté quedando en papel mojado.
Destacamos en primer lugar la falta de atención y compromiso de buena parte del sector empresarial en el cumplimento de sus obligaciones legales. La obsesión por engordar la cuenta de resultados a costa de ahorrar cada día más en prevención debe encontrar la condena social y llevar a los poderes públicos a actuar con mayor decisión y contundencia ante situaciones de violación de la legislación en la materia.
A ello habría que sumarle los efectos de las sucesivas reformas laborales, especialmente la última impulsada por el gobierno del Partido Popular. Una reforma que ha precarizado las condiciones de trabajo hasta limites insospechados, que está favoreciendo en exclusiva los intereses empresariales y situado contra las cuerdas a trabajadores y trabajadoras. ¡O lo coges o lo dejas!, se oye diariamente en el mundo del trabajo a lo largo y ancho de nuestro país. La necesidad y el miedo a perder el puesto de trabajo hacen el resto.
Así, en el mercado de trabajo, la contratación indefinida –esa que el Presidente de la CEOE afirmó correspondía al siglo XIX– y la negociación colectiva que, entre otras cosas, favorecía la intervención sindical en los asuntos relacionados con la seguridad y la salud laboral, han sido sustituidas por la contratación temporal, a tiempo parcial y de alta rotación, y la presión e intentos de arrinconamiento al que se somete al movimiento sindical, que ha de desenvolverse en un entorno hostil que dificulta extraordinariamente el titánico e inestimable trabajo diario que en miles empresas desarrollan los delegados y delegadas de prevención.
En paralelo, las administraciones públicas, tanto central como autonómicas, han recortado en los últimos años los ya de por si escasos recursos que destinaban a la prevención, al tiempo que en la practica se han ido despreocupando de lo que debería ser una de sus prioridades inexcusable. Baste al respecto mencionar como en nuestra comunidad autónoma carecemos aún de una Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, a pesar de que la anterior finalizó en 2014.
O qué decir de la paulatina disminución de los efectivos de la Inspección de Trabajo, que en el caso concreto de Andalucía han provocado una alarmante caída de las órdenes de servicio en materia de prevención de riesgos laborales, que han pasado –según los últimos datos disponibles– de las 23.000 de 2009 a poco más de 18.000 en 2014.
Correspondería igualmente reflexionar sobre el papel que están ejerciendo las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, entidades privadas que gestionan ingentes cantidades de dinero público y realizan un control directo sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras, que a lo largo de los años han ido ampliando sus competencias y asumiendo con mayor intensidad un rol cuanto menos discutible.
La catástrofe de la que hablamos es silenciosa, cruelmente silenciosa y por ello aún más dolorosa. No tiene el impacto de otras catástrofes que lamentablemente nos golpean; no ocupan habitualmente las primeras planas de periódicos o informativos de televisión, pero los accidentes de trabajo nos desangran día a día, gota a gota y en algún momento deberíamos socialmente conjurarnos para decir ¡basta, hasta aquí hemos llegado!.
Una condición indispensable para ello es desterrar la idea de que los accidentes de trabajo, las centenares de muertes que cada año se producen, son inevitables. Nada más lejos de la verdad, pueden evitarse si los sectores empresariales cumplen con sus obligaciones legales; si los poderes públicos legislan a favor de quienes están sufriendo las consecuencias de esta cruel reforma laboral, y protegen y hacen cumplir los derechos a la seguridad y salud en el trabajo; si se dignifica el papel del mundo de trabajo y de las organizaciones sindicales; y si la sociedad se pone definitivamente al frente de la situación para erradicar esta plaga que se dispara en el siglo de los avances tecnológicos y la innovación, el siglo XXI.