-
José Miguel López Catalán, Manuel Castaño y Ángel Haro, antes de la junta de accionistas del 23-S. / Manuel Gómez
La denuncia presentada por el accionista Juan Soria Hurtado, con el respaldo de Bitton Sport (Luis Oliver) y Manuel Castaño –pese los intentos de desmarcarse de éste–, de que votaron decenas de personas fallecidas durante la junta de accionistas del Betis del pasado 23-S, comenzó a desmontarse en cuanto aparecieron a la luz pública –saltándose la cláusula de confidencialidad de la Ley de Protección de Datos– los nombres de varios de los afectados, algunos ‘muertos’ que están muy vivos y otros, la mayoría, cuyas acciones votaron a través de sus herederos y lo hicieron de manera legal, según la documentación aportada y reconoce el actual consejo del Betis, que permitió la ‘representación de una comunidad hereditaria o herencia yacente para comparecer en junta general de sociedad de capital’.
El propio club habilitó días antes del 23-S una oficina de atención al accionista para informar a muchos de ellos de los mecanismos a seguir para poder votar, conforme prevé la ley, con las acciones de sus padres o ascendientes fallecidos, muchas de las cuales jamás habían participado en una junta de accionistas y permanecían en el olvido, prácticamente desde que fueran suscritas en 1992.
Si algún accionista está disconforme con este proceder del consejo está en su pleno derecho de impugnar la junta ante los juzgados de lo Mercantil. De hecho, ya fue impugnada la rendición de cuentas de 2011 por alguno de los mismos protagonistas que están detrás de la actual denuncia. Impugnación desestimada en varias instancias judiciales y condena a costas (a Castaño, Sacristán y Vergara) que puede ascender a varios cientos de miles de euros.
Pero el hecho de acudir a la Guardia Civil y presentar denuncia al actual consejo por «maquinación delictiva», acusando de falsificar cientos de firmas y de que votaron de manera ilegal decenas de personas fallecidas, tiene toda la pinta de lo que en el argot jurídico se conoce como una ‘querella catalana’, realizada con la única finalidad de crear revuelo mediático y tratar de desprestigiar –«torticeramente»–, según Juan Carlos Ollero– a los miembros del actual consejo, vencedor en la pasada junta de accionistas contra el pronósticos de muchos. Por lo general, las ‘querellas catalanas’ suelen acabar archivadas y sus autores se exponen a penas por denuncia falsa. Así que habrá que estar atentos al recorrido de este asunto, que puede tener efecto boomerang.