El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha vuelto a reclamar la conexión de Andalucía a los grandes corredores ferroviarios europeos. Una reivindicación de justicia, dice, y no de confrontación. Pero los hechos piden eso, esto es, choque y duro enfrentamiento con el gobierno de la nación hasta conseguir el objetivo. Un dato sirve para dar cuenta de la dimensión del atropello del que somos víctima: el corredor del litoral, en el tramo que conecta los puertos de Valencia y Barcelona, ya ha recibido una inversión de 6.500 millones de euros mientras que el que ha de enlazar el de Algeciras, el primer puerto de España, tan sólo 52 millones de euros y ni siquiera todavía no están ejecutadas las obras previstas.
La desproporción es gigantesca y lo peor es que no hay visos de que se vaya a corregir tal desequilibrio. No figuran partidas inversora de la cuantía necesaria a corto plazo mientras que el enclave portuario campogibraltareño sigue batiendo todos los récords en cuanto a tráfico de mercancías situándose como uno de los más relevantes del Mediterráneo. El impacto económico en la zona es considerable pero se podría incrementar notablemente si dejara de ser un puerto de transbordo para convertirse, además, en uno de importación y exportación para dar así salida o entrada a mercancías en nuestro país. Una función, esta última, que tienen más desarrollada los otros puertos de Valencia y Barcelona. Es decir, la falta de una adecuada conexión ferroviaria del de Algeciras, la actual corresponde a la que se hizo en el siglo XIX, impide claramente su desarrollo y le resta competitividad.
Que Jiménez Barrios denuncie el maltrato recibido es lo suyo, máxime cuando nos encontramos a las puertas del 28F. El gobierno andaluz tiene siempre bien presente este asunto en su listado de exigencias al ejecutivo central colocándose así a la cabeza de una reclamación muy sentida en la zona. Sin embargo, a la espera de que se produzca la reacción esperada por parte de las autoridades de la administración central, sería conveniente que tal reivindicación tenga un mayor respaldo social más allá del institucional o el que procede de organizaciones sociales y profesionales.
Y es que resulta ejemplar comprobar cómo en otros territorios es la propia sociedad civil la que asume el mayor peso en favor de la conexión ferroviaria con Europa tal y como sucede con la Comunidad Valenciana y Cataluña. Son principalmente, los empresarios y demás representantes del ámbito económico los que han dado un paso adelante estableciendo una estrategia propia, lo que le da, si cabe, una mayor credibilidad al tiempo que, también, más fuerza todavía a sus peticiones. Organizan foros y todo tipo de iniciativas para dar difusión a sus planteamientos y en los que asumen un protagonismo muy acusado los empresarios de primer nivel, como es el caso del presidente de Mercadona, Juan Roig, entre otros. No sólo alzan su voz, sino que son ellos los que se reúnen con las autoridades correspondientes haciendo valer sus propuestas en favor de más inversiones para lograr que ese corredor que una todo el litoral Mediterráneo sea una pronta realidad.
Aquí apenas sucede eso con respecto al enlace del puerto algecireños. Es verdad que se registra una práctica unanimidad en su reivindicación pero haría falta una mayor implicación social fuera de las paredes de los despachos oficiales. Estamos frente a una evidente injusticia que se comete contra Andalucía y hay que hacerlo ver desde todos los ámbitos, con y sin confrontación, pero, en todo caso, con una mayor implicación social.