Es posible que la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno del señor Rajoy se haya quedado corta. La prudencia al ir tomando medidas, la tranquilidad que ha proporcionado la falta de aspavientos por parte del Gobierno; las facilidades que, aparentemente, se están dando por parte de los funcionarios de la administración catalana y de los Mossos; la convocatoria de unas elecciones en el plazo de tiempo más corto posible y el respeto por las instituciones catalanas han sido factores determinantes para que estos últimos días se lograse cierto clima de calma entre tantos movimientos políticos frenéticos, casi histéricos. Sin embargo, desde TV3 y Catalunya Radio se ha seguido informando con total parcialidad y, claramente, a las órdenes de un Govern cesado que ha tratado, durante años, de imponer una ideología y ha utilizado, para ello, el dinero de los catalanes y el resto de españoles. Los 236 millones de presupuesto de estos medios no parecen escasos. Y que se destinen para inundar con los mensajes más sectarios y más tóxicos las programaciones resulta un escándalo incomprensible.
Lo que resulta inadmisible, después del sufrimiento y el estrés al que está sometida la ciudadanía de Cataluña y la del resto de España, es que desde los micrófonos de Catalunya Radio se den las buenas tardes a los ciudadanos de la república catalana; que un abogado que trabaja para que los etarras no tengan que regresar a España a pagar por sus crímenes y, ahora, a defender a los golpistas, sea presentado como un excelente profesional que centra sus esfuerzos en que se respeten los derechos humanos (alguna cadena de televisión también lo ha hecho); que al líder golpista Puigdemont se le sigan prestando cámaras para que envíe mensajes televisados apareciendo como president de Cataluña o que se insista en que los detenidos por la justicia española son presos políticos. No se puede consentir que el sectarismo en un medio de comunicación pagado por todos los españoles siga instalado en la propaganda política desde los cimientos hasta la propia dirección del medio. Rajoy, consensuando con Pedro Sánchez la decisión o sin hacerlo si se hace imposible, debe dejar los complejos atrás y tener el valor de acabar con una intoxicación informativa que resulta peligrosa e impide la formación de un criterio sólido y plural entre los ciudadanos.
Otro problema que hay que resolver es que el propio Partido Popular no está dando ninguna facilidad para que esto que se reclama en Cataluña suceda en los medios públicos nacionales. No puede ser ni una cosa ni otra. Desde luego, las protestas de los profesionales de TVE no pueden quedar en el olvido porque el intento de sesgar la información no cabe en una entidad pública.
Como es evidente, tener que decir esto en un artículo editorial de un medio como El Correo de Andalucía provoca un enorme desasosiego, pero la libertad de prensa no puede confundirse con el sectarismo más recalcitrante o con asumir como propio el ideario y las políticas de un gobierno que, además, quiere destrozar la convivencia, la fraternidad y la paz entre los españoles.