La jornada laboral de los funcionarios públicos autonómicos de Andalucía no puede quedarse reducida a 35 horas semanales. Así lo dice el Tribunal Constitucional que alude a una clara invasión de las competencias del Estado por parte de la Junta de Andalucía y es esta una sentencia que se debe acatar por parte de los interesados, guste más o menos. No puede ser que se acepte la sentencia y que, al mismo tiempo, se utilice una fórmula con la que se pueda eludir el cumplimiento de lo que se dicta desde el Alto Tribunal. Los mensajes que recibe la ciudadanía se podrían interpretar como que la desobediencia es una actitud más y que, dependiendo de la capacidad de cada uno, puede librar del acatamiento de las sentencias. Lógicamente, eso no puede ser.
Si los funcionarios deben trabajar 37,5 horas a la semana, tal y como se establece la Administración central, la Junta de Andalucía no debe caer en la trampa de partir la jornada laboral de esos funcionarios en dos partes: 35 horas de trabajo presencial y 2,5 horas de trabajos preparatorios que se realizarán fuera del puesto de trabajo. Esto es claramente un movimiento que, salvando las distancias, podría asemejarse a los que se hacen en otra comunidad autónoma para presumir de astucia política y que han tenido un desenlace bastante preocupante. Choques de los Gobiernos autonómicos con el central siempre se han producido, pero algunos de ellos, como es este, deberían evitarse puesto que lo único que se consigue es una clara diferencia entre funcionarios y, además, un servicio público más deficiente y más caro. Susana Díaz sufre un revés con esta sentencia y le obligan a que retroceda en una decisión controvertida desde el principio. Lo que debe hacer la presidenta de la Junta de Andalucía es acatar la sentencia y no utilizar trucos para convertir este proceso en una carrera enloquecida hacia un conflicto que se puede y se debe evitar sin problemas.