La justicia belga ha denegado la petición de extradición de Valtònyc. Esto es algo posible que, a pesar de todo, se debe aceptar puesto que es una opción como otra cualquiera de las que puede esgrimir el juez belga. Sin embargo, existen algunos aspectos que convierten el caso de Valtònyc en una grave afrenta al Poder Judicial español.
El Tribunal Supremo ratificaba una condena al cantante de tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves al jefe del Estado y amenazas no condicionales. Estos son delitos graves, no son cualquier chiquillada. El tribunal de Gante lo que dice es que no extraditará al sujeto puesto que lo que hizo está amparado por el derecho a la libertad de expresión. Y esto en sí mismo es un problema puesto que ese tribunal no puede juzgar el fondo del caso. El juez puede y debe decir si existe la doble incriminación, si ese delito por el que está acusado la persona a la que se quiere extraditar, tiene un claro reflejo en la legislación (en este caso) belga. Eso y no otra cosa.
Están en juego muchas cosas. Una de ellas, la más importante, es el propio concepto de Europa, la relación entre países y la confianza que debe presidir cualquier acción en la que dos o más países intervengan. La actitud de los jueces belgas dinamita una relación imprescindible entre socios de la UE.
No puede ser que no se extradite a una etarra porque en España se le puede torturar. Eso es un insulto al Poder Judicial español. No se puede alegar que los jueces españoles no garantizan un juicio justo a los acusados o que se condena a las personas porque no se garantiza la libertad de expresión. El tribunal de Gante cree que decir, por ejemplo, «el Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley» o «a ver si ETA pone una bomba y estalla» forma parte de la normalidad. Y todo parece un disparate.