Cada año fallecen, en las carreteras y ciudades españolas, unas 180 personas por no hacer uso del cinturón de seguridad a bordo de su vehículo. Esta noticia no deja de ser sorprendente una vez que las campañas de concienciación por parte de la Dirección General de Tráfico desde el año 2015 han sido numerosas, explícitas y, a veces, tremendas en sus contenidos.
Los esfuerzos por parte de los últimos Gobiernos de España para reducir las muertes al volante han sido considerables y los resultados no pueden considerarse negativos. Por ejemplo, el año 1989 el número de fallecidos ascendía 5.940 personas, cifra considerablemente mayor que la actual (1.160 muertos en 2016 que, a su vez, superaba en 26 los del año anterior). No es un mal dato aunque, lógicamente, no es suficiente.
Las campañas en prensa, radio y televisión; acompañadas de la mejoría de la red de carreteras y de las vías públicas, o un parque automovilístico más nuevo y mejor conservado; no han podido evitar que cientos de conductores sigan sin utilizar el cinturón de seguridad, que no obliguen al resto de ocupantes a hacerlo (algunos de ellos niños), que todavía algunos motoristas no utilicen el casco (en este caso los niveles de infracción son muy pequeños), y evitar la muerte de esas casi doscientas personas que podrían seguir vivos si hubieran hecho uso de los dispositivos de seguridad.
Las cámaras que se han instalado en las carreteras de toda España para fotografiar a los infractores no deberían tener razón de ser, pero parecen inevitables. En el plazo de dos meses (antes, los infractores solo serán informados) la sanción será de 200 euros y los conductores perderán tres puntos.
Si esta es la única forma de conseguir que el 100 por cien de los conductores sean conscientes del peligro que corren haciendo caso omiso de algo tan básico como utilizar elementos que pueden salvar la vida, que así sea.