El tabaco de contrabando, como cualquier otro producto que se comercialice de forma ilegal, llega a su destino porque hay quien lo compra. Más de cinco mil andaluces no tienen un empleo porque los contrabandistas de tabaco siguen haciendo su agosto particular. Y serán muchos más los que estén en esa misma situación si contamos los negocios que se realizan con productos que entran en Andalucía por la puerta de atrás.
Los negocios se resienten cuando se producen hechos delictivos que llegan como un torpedo mortífero a la línea de flotación de las economías.
¿Pasa lo mismo cuando alguien baja una película de internet desde una página que no paga derechos de autor? ¿Cuántos andaluces podrían trabajar en la industria musical si no se produjera el famoso pirateo en la red? ¿Nos hemos planteado seriamente los ciudadanos cuánto recaudaría el Estado en concepto de IVA si no existiera la economía sumergida?
Ejemplos como estos nos deberían hacer reflexionar seriamente sobre el papel que adoptan las personas que entran en el juego de comprar mercancías ilegales, no pagar un dinero por la cultura que consumen o preguntar si se les va a cobrar el IVA para, si es así, rechazar la operación.
Parece que el sentido común dicta que exigir ha de estar precedido de un cumplimiento exquisito de las normas que impone vivir en sociedad y en un Estado de Derecho.