Los datos macroeconómicos españoles se pueden celebrar más y mejor que los que afectan a los hogares españoles, a las personas que compran en la tienda del barrio o pagan la luz a final de mes. Aunque el ingreso medio de esos hogares ha mejorado este último año (asciende a 26.730 euros que representa un incremento del 2,4 por ciento), en 2009 esa cifra llegaba a los 30.000 euros. Por tanto, la recuperación, en este sentido, ha sido menor.
Esto se traduce en que el 27,9 por ciento de las personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Es cierto que en 2013 la cifra era más preocupante (29,2 por ciento), tan cierto como que en 2010 alcanzaba el 26,7 por ciento. Todas ellas son insostenibles y dibujan una desigualdad en la sociedad española que se debe corregir tan pronto como sea posible.
Las personas que se ven afectadas; las que están dentro de esos números que, no hay que olvidar, representan vidas; tienen un perfil muy concreto: parados, extranjeros procedentes de países de fuera de la Unión Europea, sin pareja y con hijos, jóvenes, con formación escasa o nula; y con residencia en el sur de España, concretamente, en Andalucía.
Todo está medido, todo está localizado, se sabe en qué consiste exactamente el problema, aunque no parece que la solución que afectaría a un porcentaje tan alto de la población, esté cerca de llegar.
En el informe España 2017 de la Comisión Europea ya se advertía del grado de desigualdad en la sociedad española y de los posibles conflictos que esto podría llegar a generar. No parece que sea prioritario para el Gobierno actual (tampoco lo fue en anteriores ocasiones) que esta situación se solucione o al menos mejore de forma ostensible. Nunca antes el 13,1 por ciento de los que trabajan estuvieron en peligro de exclusión social. Nunca antes alguien que trabajase podía estar en peligro de ser pobre.
Es verdad que el ingreso medio per cápita se ha elevado en un 2,8 por ciento y coloca la cifra en los 10.708 euros. Pero, también, lo es que en el 39,5 por ciento de los hogares no se pudieron tomar vacaciones por problemas económicos, que no se pueden asumir los gastos imprevistos el 38,1 por ciento, o que algo más del 15 por ciento de los hogares presentan unas dificultades extraordinarias para llegar a fin de mes. Los datos son escalofriantes, aunque la macroeconomía se vaya recuperando.
Es necesario que en España y en la Unión Europea se comiencen a tener en cuenta los datos más importantes y preocupantes; los que afectan a las personas y no a los mercados. Solo así se podrá conseguir la paz social y que la dignidad de las personas se establezca en las sociedades como principal razón de ser del propio grupo humano.