El independentismo no quiere avanzar por la vía que la investidura de un president sin procesos judiciales en curso o con posibilidad de tenerlos en el futuro podría abrir. No quieren los políticos independentistas porque eso les obligaría a hacer política dejando a un lado los aspectos secesionistas y supremacistas de un discurso que se sostiene sobre mentiras que siguen calando entre los votantes independentistas. No es lo mismo aparecer en televisión con un lazo amarillo en la solapa hablando de lo malo que es el Estado español que hacer frente a los problemas de los parados catalanes, las listas de espera en los ambulatorios y hospitales o la fuga de empresas a otras zonas de la geografía española.
Hay que reconocer que los políticos independentistas son capaces de hacer correr el calendario sin dar ni golpe y cobrando hasta el último céntimo a final de mes. La vergüenza que supone que un grupo de personas elegidas en las urnas no sean capaces de cumplir su misión (elegir un president y hacer política en Cataluña) es extraordinaria. Y lo peor es que muchos de ellos llevan viviendo del cuento muchísimo tiempo y volverían a salir elegidos en otras elecciones autonómicas.
El caso es que, manejando mentiras y más mentiras, los independentistas siguen alargando una situación de bloqueo que no puede beneficiar a nadie y por la que se tendrá que pagar un precio muy alto en el futuro.
Han vuelto a la idea de investir a Jordi Sánchez aludiendo a la ONU (nada más y nada menos que a la ONU) y afirmando que desde esa organización se obligaba a España a garantizar esa investidura. Un Comité de Derechos Humanos de la ONU dice que hay que garantizar los derechos políticos de Sánchez. Muy bien. Pues como a cualquier persona de cualquier democracia. Acusa recibo y no dice nada más. Ni obligaciones, ni nada de nada. Pero los secesionistas se han instalado en esta mentira y se sienten muy cómodos puesto que sus votantes siguen creyendo todo lo que les dicen. Siguen afirmando que Puigdemont es un exiliado político cuando el fallo del tribunal de Schleswig-Holstein decía todo lo contrario y le ponía en libertad. Siguen hablando de presos políticos cuando los que lo denuncian entre grandes aspavientos lo pueden hacer frente a cámaras y micrófonos sin que les suceda nada. Siguen despreciando a más de la mitad de la sociedad catalana (la que votó otras opciones) que ya está fatigada y no entiende cómo puede estar pasando todo esto. Siguen señalando al Estado como lo harían como el enemigo público número uno por las cargas policiales del pasado 1 de octubre y que dejaron imágenes tan desagradables como sorprendente fue no ver nunca las que esperaban los españoles para poder ver a Puigdemont visitando heridos por todos los hospitales de Cataluña. ¿Cómo es posible que habiendo más de mil heridos no tengamos imágenes de ellos en hospitales y centros de atención sanitaria, ni las de los políticos interesándose por su estado?
El problema sigue enquistándose y todo tiende a empeorar. Los llamados CDR que dicen mover a sus componentes en la «desobediencia civil pacífica, resistente y no violenta, propia de una democracia madura», ya han dado muestra de poder llevar a cabo actos violentos que pueden descontrolarse con rapidez. La fractura social sigue haciéndose más y más grande. El bloqueo en Cataluña es total. Y, mientras, el president del Parlament ordena que se prepare una querella contra el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso.
El desastre sigue en el mismo lugar y aumentando su tamaño. Y Rajoy con el artículo 155 en la mano sin atreverse a endurecer su aplicación. Veremos.