Resulta imprescindible que se avance en la redacción de la nueva ley de Educación. Existen asuntos de importancia que afectan a la vida de los españoles, pero la educación es vital. Se ha demostrado en Cataluña que cualquier descuido por parte del Gobierno de la nación puede desembocar en sectarismos, en adoctrinamiento, en situaciones de desigualdad entre alumnos.
Es muy saludable que, en las comunidades autónomas en las que conviven dos lenguas, puedan ser aprendidas ambas en las escuelas. Poder comunicarse en distintos idiomas es enriquecedor. Lo que no puede ser es que un colectivo de profesores, concretamente en Cataluña, se niegue a dar clases en castellano; lo que no puede ser es que los padres de los alumnos no puedan elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos y, con mayor razón, si esa imposición por parte de la administración autonómica corresponde a un plan integrado en otro mayor que busca la independencia desde el secesionismo y la radicalidad.
Las escuelas no pueden convertirse en fábricas de independentistas ni en fábricas de cualquier otra cosa que no tenga que ver con la formación integral de los niños y niñas que tendrán, así, suficiente base intelectual para crear un criterio sólido al llegar a la universidad. La inspección de enseñanza tendrá que estar atenta para impedir que los más pequeños sean el objetivo prioritario de unos adultos irresponsables que impiden el desarrollo natural de esos niños.
Hoy podemos comprobar cómo los últimos cuarenta años han sido utilizados por el independentismo para, desde las escuelas, generar pensamiento único y para apartar el castellano de las aulas. Y en un país, en el que el idioma no es común, la unidad nacional siempre está en serio peligro.
No hay un solo estrato social, ni un perfil determinado de persona, que estén al margen de esta radicalización ideológica impuesta por los distintos Gobiernos catalanes durante los años de democracia. Un ejemplo claro es del obispo de Solsona, Xavier Novell, que secunda huelgas convocadas por sindicatos que integra terroristas en sus filas o los padres que utilizan a sus hijos como defensa ante los policías que, por supuesto, terminan defendiendo a ese menor y pide a su padre que se retire de la zona de conflicto. Nadie está a salvo de la manipulación en las escuelas o en los medios de comunicación que están financiados por la Administración catalana.
La nueva Ley de Educación tendrá que consensuarse para salvaguardar los intereses y los derechos educativos de todos los niños españoles sin excepción. Y las singularidades a las que ya hace referencia el ministro Méndez de Vigo tendrán que tenerse en cuenta, sin duda, pero nunca para seguir consintiendo lo que ha estado ocurriendo en Cataluña. Sobre todo porque cualquier persona tiene derecho a poder elegir lo que quiere pensar, sin que en una escuela se le adoctrine y le deje sin posibilidades de explorar en las distintas corrientes de pensamiento, siendo un niño y sin posibilidades de discernir entre una cosa u otra.
El futuro de un país depende de la formación de nuestros niños y jóvenes. Esto es tan fundamental que ya no es posible volver a incurrir en los mismos errores propiciados por intereses políticos que llevan a pactos entre partidos o un buenismo que, si hablamos del futuro de una nación, debe abandonarse cueste lo que cueste en las urnas. Esto es algo que los políticos deben tener en cuenta a partir de ahora.