No puede explicarse con facilidad cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando el ser humano logra enviar sondas espaciales a millones de kilómetros; cuando se han regulado nuevas realidades de unas dimensiones colosales como, por ejemplo, la Unión Europea; o cuando los científicos son capaces de datar la materia fósil; no se pueda establecer un protocolo para que los concursos públicos que convocan los diferentes gobiernos sigan siendo motivo de discusión, de irregularidades o causantes de daños irreversibles a las empresas y, por tanto, a las personas.
Un ciudadano cualquiera tendrá dificultades para entender la falta de filtros suficientes con los que se podrían evitar discusiones sobre la trasparencia de un concurso.
La entrega de documentación no puede ser susceptible de dudas en ninguna de las partes implicadas. No debería suceder que las vacilaciones acerca de concursos públicos tengan como sustento la posibilidad de que estén hechos a medida y esta sea una fórmula habitual. Es ridículo dejar a interpretación, de unos y otros, unas bases, sean las que sean, puesto que el castellano es un lenguaje riquísimo que nos proporciona recursos con los que eso es imposible que ocurra.
Llevar a las partes a vivir situaciones de conflicto es, sencillamente, algo que se puede evitar en todos los casos. No parece difícil verificar el contenido de un sobre en el propio registro de la entidad que recibe la documentación. Es tan sencillo como eso. No se puede utilizar una conjunción y dejar que unos digan que eso significa que es obligatorio y otros digan que es optativo. No se puede dejar un solo fleco suelto cuando los intereses de muchas personas dependen de ello.
Convendría, de una vez por todas, que las administraciones se tomasen muy en serio este asunto para evitar conflictos que, muchas veces, terminan en los juzgados, causando problemas importantes (incluso a la propia administración), generando la sensación de indefensión y de estar viviéndose un escándalo tras otro. Esto es algo más que doloroso para los ciudadanos y motivo de desconfianza y desafección.
No es fácil pensar en la cantidad de concursos públicos que se convocan cada año y en el porcentaje de estos que terminan provocando problemas, sin que cause perplejidad. Pero esa sensación crece cuando se intenta explicar racionalmente cómo es posible que se sigan viviendo estas situaciones.
Las administraciones, que indiscutiblemente han mejorado sus procedimientos, no pueden detenerse hasta garantizar total trasparencia con la que se consiga la justicia y equidad totales.