Intensa la jornada de ayer en el ámbito jurídico español. Dos sentencias de gran interés y unas declaraciones de Manuel López Bernal a la Cadena Ser, hacían que los medios de comunicación; y la opinión pública, a través de las redes sociales; pusieran las máquinas en funcionamiento de forma masiva. Y no es extraño que fuera así porque enormes dudas asaltan entre los ciudadanos.
Que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares deje en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin, que pueda seguir residiendo en Ginebra y que, tan solo, se tenga que presentar una vez al mes en dependencias judiciales o policiales de esa ciudad, ha generado gran rechazo entre la ciudadanía que expresa su enfado afirmando que existe una justicia distinta para unos y para otros. Es cierto que la tradición fiscal, aunque no está escrito en ningún sitio, dice que si la pena es de más de cinco años, el sujeto suele ingresar en prisión. Y es cierto que el fiscal Pedro Horrach había solicitado, al menos, una fianza, dadas las circunstancias.
Es posible que técnicamente esta decisión judicial tenga su lógica, pero, como es habitual, son pocos los que entienden cómo pueden ser así las cosas. En cualquier caso, sea como sea, la imagen del sistema judicial queda en entredicho. Y lo que es peor, la imagen de la Casa Real se puede deteriorar al verse, de forma inevitable, involucrada en todo este asunto. Desgraciadamente, Iñaki Urdangarin y todo lo que le rodea desde hace algunos años ha sido una lacra para la Casa Real.
Al mismo tiempo, las declaraciones de Manuel López Bernal son, por lo menos, preocupantes. Hablaba de intimidaciones, de desprotección, de ser más perseguida la fiscalía que los propios corruptos. Este fue el Fiscal General de Murcia que impulsó la investigación del actual presidente de esa Comunidad Autónoma por el Caso Auditorio. Es muy significativo que un profesional de esta talla realice unas declaraciones tan contundentes y hace pensar en que la cantidad de cambios que se están produciendo o se van a producir en las distintas fiscalías deben ser analizados. Hay quien habla de purga aunque, con toda seguridad, el problema viene arrastrándose desde los tiempos de la Transición. Si los puestos claves de la justicia española dependen de los partidos políticos, el conflicto está asegurado y tiene difícil solución. Una independencia judicial no se puede conseguir sin una separación de los poderes absoluta y tajante.
En la actualidad, cuando los casos de corrupción son tan numerosos, tan graves y tan inquietantes para la opinión pública, es difícil entender cómo no se toman medidas inmediatas para que los partidos políticos se dediquen a hacer su trabajo dejando a jueces y fiscales hacer el suyo. Aunque, dado que el PSOE también acumula un número de casos de corrupción alarmante, será difícil que solicite algo más que comparecencias.
Al menos, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las Tarjetas Black, no deja gran espacio para las dudas. Se juzgaba a 65 personas por el uso indebido de tarjetas de Caja Madrid y Bankia desde el año 2003 al 2012, y entre los condenados se encuentran Rodrigo Rato (cuatro años y medio) y Miguel Blesa (seis años). Son las máximas condenas posibles.
La sensación de justicias de cuello blanco y, por otra parte, para ladrones de gallinas o folclóricas, no es nada nuevo ni es nada bueno. Porque en un Estado de Derecho es imprescindible que cada individuo pueda confiar ciegamente en la justicia y no parece que esto pueda llegar a lograrse con declaraciones que provocan inquietud por su gravedad y que nadie, de forma inmediata, aclare lo que sucede; no parece que sea un buen camino dejar que la sensación en las calles sea de inseguridad ante una justicia que debe ser igual para todos. En este sentido, es posible que una labor pedagógica por parte de los profesionales explicando cómo son las cosas no sería mala idea.
Habrá que esperar a que se aclaren las cosas para valorar, en su justa medida, todo lo que pasó en un día difícil para la justicia española.