Si algo se está entendiendo por parte de la sociedad española, durante las últimas semanas y al hilo del problema catalán, es que la ley debe cumplirse, que nuestra democracia y el bienestar colectivo dependen en gran medida del respeto que se muestre por el Estado de derecho y las reglas del juego que imperan en él, que lo ordenan.

Por ello hay que celebrar que asuntos que pueden trastornar la convivencia en Sevilla se vayan resolviendo con toda la celeridad posible y aplicando la normativa sin complejos. La ley, que permite una vida en paz y ordenada en su día a día, debe aplicarse sin tener en cuenta factores que no aportan nada más que confusión, irritación y desasosiego entre los sevillanos.

Un dispositivo policial compuesto por 22 agentes impidió el pasado domingo que el mercadillo ilegal que se instala los domingos en el Charco de la Pava volviese a funcionar con normalidad. Las quejas vecinales han sido constantes y no puede extrañar a nadie cuando la basura acumulada en la localización del mercadillo, una vez que se levanta, es inmensa; o cuando los conflictos entre comerciantes y con la policía son constantes. Los vecinos de la zona tienen todo el derecho a tener una vida tranquila y si un mercadillo ilegal lo impide lo importante es que se tomen medidas para evitar estas situaciones. Además, como todo lo que es ilegal, el mercadillo de los domingos en el Charco de la Pava se había convertido en una máquina de producir situaciones, también, ilegales. En el siglo XXI no puede consentirse por parte de las Administraciones públicas que se produzca la venta incontrolada de alimentos. En estos tiempos se hace imprescindible un mínimo control sanitario cuando lo que se vende son productos alimentarios y, por qué no decirlo, los consumidores deben decir no a este tipo de actividades que ponen en riesgo a todos. Por si era poco, parece ser que este mercadillo se había convertido en una especie de delegación del mercado negro y el trapicheo con objetos robados en la que se encontraba salida a la mercancía. En este caso, cabe la misma reflexión que en el caso de los alimentos. Cualquiera puede ser víctima de un robo y encontrar sus pertenencias a la venta en mercadillos ilegales. Un auténtico desastre para una ciudad como Sevilla que quiere exportar una imagen rotunda como reclamo para los turistas, que elegirán la ciudad como destino preferido. Un auténtico golpe a las cuentas de la ciudad, puesto que el coste que supone la limpieza y el cuidado del orden público en este tipo de actividades no es menor.

No pueden hacerse concesiones cuando se trata de poner en peligro la salud y el orden público. Sería un error de gran tamaño descuidar todos los aspectos que dibujan la ciudad porque, sea donde sea que se produzcan, influyen en el conjunto de lo que es Sevilla.