Las leyes que rigen en un Estado de derecho son las que dictan las reglas del juego democrático y las que permiten una convivencia ordenada y en paz. Si bien es cierto que no todas ellas son del agrado de grupos de personas determinadas, todos los ciudadanos están obligados a cumplir con lo que dicen. No existen excepciones.
Cada día, son muchos los que no cumplen con lo que dictan esas leyes. Y cada día son muchos los que se sientan frente a un juez en un tribunal para que rindan cuentas ante la ley o lo que es lo mismo frente al resto de la sociedad. Salvo que esas leyes sean las que imperen en un Estado totalitario e injusto, salvo que las leyes se impongan por alguien que no está legitimado para hacerlo, no hay razón alguna que permita que unos cumplan con la legalidad vigente y otros no, de forma discrecional.
España es un Estado democrático, seguramente uno de los países más libres del mundo. España, hay que remarcarlo, a pesar de las dificultades por las que se han pasado en los últimos años, es un buen país en el que sus ciudadanos tienen posibilidades de prosperar y de vivir en paz. Pero en España ocurre esto porque la legislación lo permite, porque es cumpliendo la ley la única forma de tener una convivencia en paz.
Actualmente, en Cataluña son muchos los que dicen que se saltan las leyes porque existe un sentimiento independentista que nadie más que ellos entiende, que los demás deben estar al margen porque eso es cosa suya. Sin embargo, esa premisa no se sostiene en pie. Un sentimiento como cualquier otro es el odio y no por ello permitimos que se maltrate a las mujeres o se humille a los inmigrantes. Por supuesto, no es comparable el sentimiento de los nacionalistas catalanes o vascos al que siente el que es movido por el odio, pero, al fin y al cabo, aun tratándose de uno legítimo como el independentista y otro repugnante como es el odio, ambos son sentimientos y no son suficiente para poder transgredir las leyes. Si el Gobierno permite que suceda esto estaría aceptando que cualquiera puede hacer lo que entiende que es más apropiado aludiendo a cualquier razón que, sencillamente, no cabe en un país democrático.
No hay mucho que discutir al respecto: las leyes deben ser las mismas para todos y todos deben cumplir con lo que dicen.