La integración en la sociedad; es decir, en el día a día de todas las personas que la forman; es algo por lo que en España entera, y en concreto en Andalucía, se ha apostado con fuerza y convicción. España es un país con un alto grado de aceptación de nuevas fórmulas que permiten a extranjeros, personas en estado de exclusión social, personas de culturas diversas o discapacidades físicas o intelectuales, integrarse en escuelas, empresas y distintos ámbitos sociales.
No obstante, existen algunas anomalías que se producen, posiblemente, más por la mecánica de las administraciones o entidades implicadas o por, sencillamente, descuidos, que no deberían producirse. Hace unos días, como ya se informó en este diario, una alumna con discapacidad auditiva de Ciclo Superior que ha cursado hasta ahora sus estudios en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Antonio Machado de Sevilla capital, se ha visto «obligada» a abandonar su trayectoria educativa en el centro debido, según manifiesta, a la «mala gestión» que del contrato de su intérprete de lengua de signos ha llevado a cabo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Una pena cuando los esfuerzos que se realizan para facilitar la integración en las aulas de alumnos, sean cuales sean sus características, son muy importantes.
Todas las partes implicadas en estos procesos (personal docente y no docente de los centros de enseñanza, instituciones públicas y privadas, alumnos y familiares) deben asumir que involucrarse al cien por cien es fundamental para que el éxito de los programas instaurados sea una realidad.
Si un alumno tiene problemas de integración, ya sea por problemas de aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo o por estar inmerso en un contexto sociocultural desfavorable, hay que modificar las leyes para hacer posible una vida escolar óptima de todos, hay que plantear soluciones curriculares personalizadas, hay que dotar de los recursos necesarios al centro de estudios y este a las aulas necesitadas de ellos, y hay que implicar a todas las partes. No hay que olvidar que el beneficio es común puesto que el resto de alumnos desarrollan un carácter solidario mucho más potente y terminan entendiendo en qué consiste el problema y cómo afecta a sus compañeros. Del mismo modo, los familiares comprenden y aceptan medidas que en otro momento del desarrollo de sus propios hijos podrían ser necesarias para ellos.
Lógicamente, este tipo de programas de integración no puede afectar negativamente al desarrollo normal de los ciclos de enseñanza puesto que eso sería motivo de rechazo y un camino de retorno hacia la exclusión y la insolidaridad. La integración se debe producir dentro del marco de la normalización y siendo reconocidos por todos los idénticos derechos de los ciudadanos.
Todos los niños tienen derecho a los servicios de apoyo y a la personalización de la enseñanza sin que sea un lastre para el resto. Se puede conseguir; es posible tal y como se está demostrando en la actualidad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Ahora toca perfeccionar los procedimientos y evitar errores o descuidos como los que han provocado el abandono de su instituto por parte de esta alumna del Instituto de Educación Secundaria (IES) Antonio Machado. Porque solo una sociedad capaz de integrar a todos sus ciudadanos es capaz de progresar.