Es indiscutible que la economía sumergida no facilita las cosas a los empresarios que compiten lealmente en el mercado y que pagan hasta el último céntimo de sus impuestos. Generar riqueza y empleo, que es la misión de los empresarios que ponen en riesgo todo su patrimonio para que así sea, es mucho más complicado cuando aparecen en el escenario económico personas que evitan las obligaciones legales y tributarias, que impiden a los que trabajan para ellos una seguridad que alcance todos los ámbitos posibles. Un trabajador debe estar dado de alta en la Seguridad Social, tener un contrato que le proteja, unas condiciones laborales que les permita realizar su labor con seguridad y dignidad. Todo esto es cierto y no se puede discutir su importancia.
Ahora bien, del mismo modo que los empresarios tienen planteados sus objetivos y sus funciones con claridad y que los trabajadores tienen claro qué deben hacer, la Administración ha de tener establecidas sus funciones y preparados los mecanismos necesarios para cumplirlas. Los empresarios, ahora más que nunca, tienen suficiente con mantener las cuentas de sus empresas saneadas para que sus plantillas tengan la tranquilidad necesaria como para producir lo suficiente; los empresarios hacen esfuerzos descomunales para poder pagar las nóminas y los altísimos impuestos a los que hacen frente; los empresarios no pueden ni deben encargarse de una labor a la que está obligada la Administración pública.
Si existe fraude fiscal y laboral tendrá que resolverlo el Gobierno de España, pero no los empresarios.
Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), ha anunciado el lanzamiento de una campaña contra la economía sumergida a nivel provincial que llamará a los empresarios sevillanos a denunciar situaciones irregulares. Y anuncia el compromiso de la Administración de investigar esas situaciones que se detecten y resulten ilegales. Lógicamente, este es un llamamiento para que los empresarios se involucren en algo que no les corresponde, pero que es clave para conseguir el objetivo de la necesidad de eliminar la economía sumergida y colaborar con el compromiso de la Administración es algo que siempre debe estar garantizado. No cabe duda que es la responsabilidad social del empresariado, la que determina las características de esta campaña, como una de las medidas clave. Pero esta acción por sí sola es insuficiente.
La delación no es el camino apropiado. Sería aconsejable que si el Estado quiere resolver problemas evidentes crease las estructuras necesarias para resolverlos.