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Fachada y puerta de la fábrica Magrudis, empresa fabricante de la carne mechada contaminada con listeriosis. EFE/José Manuel Vidal
Han sucedido muchas cosas desde que se conoció el brote de listeriosis que afecta a los sevillanos de forma especial y a otras muchas personas en distintos lugares de España.La bacteria listeria monocytogenes ha alcanzado a más de 200 personas; ha acabado con la vida de tres de ellas; ha causado cuatro abortos en Andalucía y otro en Madrid; y decenas de hombres y mujeres siguen ingresados en los centros médicos. No extraña, por tanto, la alarma que se ha generado entre todos aquellos que han consumido productos en malas condiciones o sospechosos de serlo. De hecho, el doctor Cisneros, portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento del brote de listeriosis, advertía de la posibilidad de conocer nuevos casos en próximos días que afectasen a población de riesgo. Efectivamente, siguen apareciendo casos. La gravedad de todo este asunto es enorme.Si bien es cierto que los protocolos médicos que se han utilizado han sido acertados y que la sanidad pública andaluza ha dado muestras de madurez, profesionalidad y eficacia, el desgaste de la credibilidad en los mecanismos de control que han fallado clamorosamente y del discurso puramente político, ha sido importante.No es de recibo que la Junta de Andalucía culpe al Ayuntamiento de Sevilla de errores graves y que el Ayuntamiento haga lo mismo en dirección contraria. Lo que esperamos los sevillanos es que se solucione esta crisis con rapidez y que, sobre todo, se apliquen las medidas necesarias para evitar una repetición de un escenario similar al que se ha padecido durante las últimas semanas y que ha costado vidas humanas.Se han conocido aspectos sobre las licencias sanitarias de la empresa Magrudis que resultan escandalosos. Un ciudadano de a pie no puede explicarse como una empresa dedicada a la manipulación y distribución de alimentos pueda operar sin tener las licencias al día. La sensación de que las administraciones públicas están llegando tarde a todo es dolorosa y desalentadora. Ni Junta de Andalucía ni Ayuntamiento de Sevilla tienen razones para presumir. Los sevillanos, los andaluces en su conjunto, no merecen tanta mediocridad.Por si esto era poco, algunas intervenciones de los implicados han sido bochornosas. Las del empresario hablando de su gasto en lejía cuando en estas empresas los productos utilizados para la limpieza y mantenimiento son otros muy diferentes o las que hacía el consejero de Salud y Familias hablando de fotografías de los futuros hijos de una mujer que acababa de perder a su bebé, son otro bochorno más que, unos y otros, deberían ahorrar a los sevillanos, a los andaluces y al resto de españoles.Los políticos vuelven a ser protagonistas por su falta de empatía, por su incapacidad para asumir responsabilidades sin señalar a otros, por su mediocridad. Los controles que imponen las administraciones públicas se han mostrado poco eficaces y lentos hasta límites insospechados. El empresario no ha estado a la altura de las circunstancias y como resultado su empresa ha sido clausurada. Y son los sanitarios y los afectados los únicos que han sabido afrontar esta crisis con madurez y el mejor de los comportamientos.Ahora se trata de impedir una repetición. Por el bien de todos no puede volver a pasar.