Por mucha indignación que genere una sentencia o una medida judicial, por mucha distancia moral que la sociedad ponga entre los delincuentes, por mucha campaña de desprecio que se realice en contra de unos sujetos como los que se hacen llamar La Manada, la Justicia no puede dejar de ser lo que es; ni el Gobierno puede intentar cambiar las cosas en caliente y poniéndose junto a los que protestan sin parar a pensar qué es realmente lo que hay que hacer para mejorar.
No deja de ser curioso que muchos de los que protestan reconocen no haber leído la sentencia, ni el auto de excarcelación ni documento alguno. Es lo mínimo que debe hacerse cuando se pide que alguien siga en prisión o que no pueda entrar en los establecimientos de una ciudad como se está pidiendo en redes sociales y esos lugares a través de carteles. Una sociedad rabiosa y justiciera no es la mejor de las posibles.
Si la Justicia condena y lleva a cabo las medidas oportunas (por muy difíciles de explicar que sean, por poco que gusten a la mayoría de los hombres y mujeres que forman una sociedad) la calle no puede pedir crucifixiones y mucho menos llevarlas a cabo.
La Fiscalía anuncia recurso contra la medida que ha dejado en libertad provisional a los miembros de La Manada. La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra está jurídicamente bien argumentada. Ni la sociedad indignada, ni el Gobierno aprovechando la situación, pueden poner en duda una Justicia que está demostrando ser independiente y funcionar de forma lenta aunque implacable.
Los sujetos que forman ese grupo llamado La Manada volverán a prisión, previsiblemente, en otoño. Esos sujetos representan el machismo más brusco e indeseable. Pero han sido juzgados, ingresaron en prisión, se les deja en libertad provisional y volverán a ingresar cuando se conozca una sentencia firme. Es la Justicia la que ordena las cosas. Esa Justicia de la que tanto podemos presumir.