El Consejo de Ministros ha aprobado, hace unos días, el proyecto de ley de crédito inmobiliario, una forma de hacer que la seguridad jurídica se imponga y beneficie a todos aquellos que pagan una hipoteca, los que van a contratarla y, también, a la banca española. Una de las asignaturas pendientes de los Gobiernos españoles es poder convertir los intereses de estas dos partes en uno solo o, al menos, hacer que las distancias sean más cortas.
Deshauciar a una persona que tiene problemas para hacer frente al pago de la hipoteca será más difícil, una vez que el Congreso apruebe esta ley. Ésta es una de las razones más poderosas por las que se han buscado soluciones a un conflicto que ha tenido una importancia considerable durante los últimos años. Además, modificar condiciones en los contratos hipotecarios y pasar de tipos variables a fijos (si aumenta el Euribor las hipotecas se encarecerán y el tipo fijo podrá beneficiar a todos aquellos que apuesten por un gasto mucho más controlado que no esté supeditado a las subidas o bajadas del índice de referencia), será mucho más sencillo y mucho más económico.
El gran caballo de batalla de los consumidores españoles ha sido poder entender lo que dicen los contratos en sus cláusulas. Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en este sentido, uno de los objetivos últimos de este proyecto de ley de crédito inmobiliario es lograr trasparencia por parte de las entidades financieras al ofrecer y firmar contratos hipotecarios.
Después de una crisis que ha dejado a miles de personas sin vivienda, tras vivir escándalo tras escándalo, debido a cláusulas abusivas y muy perjudiciales para el consumidor, parece que el Gobierno da un paso importante y la solución total está más cerca.