Un país que padece una economía sumergida, que ronda el 18 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), tiene un grave problema. España es uno de esos países y se encuentra situado en la media de los países de la Unión Europea, es decir, el asunto afecta a muchos.
Esta economía sin control provoca problemas serios. Es una evidencia. Y un país que aspira a mantener el bienestar social, un sistema de pensiones estable o un mercado de trabajo en el que la precariedad y el paro no sean las estrellas mes a mes, debe conseguir que cerca de 190.000 millones de euros no queden fuera del circuito económico con el que se mantiene la estabilidad de una nación.
Este es el enfoque que generalmente se hace de este problema. Sin embargo, no se pueden olvidar los problemas que derivan de una economía sin control y que difícilmente pueden solucionarse sin que medie un conflicto en el proceso.
Las miles de personas que trabajan en los hogares españoles, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, son un ejemplo de problema que nadie quiere abordar. Es muy difícil descubrir este tipo de actividades puesto que no hay posibilidades materiales para controlar cada hogar español por parte de las administraciones. Sin embargo, son las personas que llegan a un acuerdo con las limpiadoras o las cuidadoras de niños o mayores, las que siguen insistiendo en no pagar el IVA, las que pueden poner freno a este asunto. Los tímidos esfuerzos del Gobierno por solventar este tema no han dado resultado.
El Gobierno de España y los autonómicos deben plantearse realizar campañas pedagógicas con las que se expliquen los problemas que supone tener a alguien en casa desarrollando labores tan delicadas como el cuidado de un anciano o el de un menor. Si esa persona que trabaja en un hogar, además, no tiene los papeles en regla (cosa más habitual de lo deseable) cualquier problema puede convertirse en algo incontrolable. ¿Cómo alguien en situación ilegal puede acudir a un hospital o a la policía sin problema alguno cuando la persona que tiene a su cargo tiene un problema? Es casi seguro que estos trabajadores (que lo son) en situación irregular tendrían reparos al tener que acceder a servicios públicos que le colocasen en una situación comprometida. Mayor inseguridad no es posible. Por supuesto, las posibles reclamaciones por trabajos que no se han facturado de acuerdo a lo que dicta la ley es algo de lo que ya se ha hablado en multitud de ocasiones. Estos casos sirven de ejemplo para ilustrar.
Todos los trabajadores tienen derecho a recibir un sueldo por su trabajo, a estar dados de alta en la seguridad social, a poder realizar su labor en las mejores condiciones. Y aquellos que emplean a otros deben ser conscientes del daño que se ocasiona cuando eso no es así. Si todos ellos estuvieran dados de alta en la Seguridad Social y pagasen los impuestos correspondientes, si los pagadores hicieran lo mismo; si todo trabajo se facturase con IVA; la economía española luciría con mucho más lustre.
El Gobierno debe enfrentar este problema sin amenazas y desde la pedagogía. Los ciudadanos deben asumir su papel sin excusas que hablen de los corruptos o del despilfarro en algunas administraciones. Porque ese es otro problema distinto.
Todos en la misma dirección buscando un futuro mejor es la alternativa a esta situación tan irregular como perjudicial.