España es un país en el que se han vivido, no hace mucho, una guerra fratricida, una dictadura y la lacra de un terrorismo salvaje que intentaba reivindicar ideas y derechos imponiendo un orden que consistía en disparar a la nuca de las personas, colocar bombas que mataban de forma indiscriminada o secuestrar a todo tipo de inocentes. Por ello, la sensibilidad de los españoles, ante cualquiera de las tres cosas (guerra civil, dictadura y terrorismo), es especialmente alta.
Conocer que el Tribunal de Derechos Humanos ha condenado a España por los malos tratos sufridos por los etarras Portu y Sarasola, causa estupor, indignación y rechazo a partes iguales entre la inmensa mayoría de españoles.
Si bien las decisiones judiciales hay que aceptarlas, resultan incomprensibles algunas de ellas.
España tendrá que indemnizar con 30.000 y 20.000 euros a los criminales ya que el Tribunal de Derechos Humanos sentencia que la actuación de la Guardia Civil durante la detención de los etarras supone una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Ese artículo habla de la prohibición de tratos o penas inhumanos o degradantes.
Los criminales Portu y Sarasola, que asesinaron en la T4 del aeropuerto de Madrid a dos personas al hacer estallar una bomba de gran potencia, fueron detenidos en Mondragón el año 2006. Según la Guardia Civil, ambos se resistieron violentamente a la detención y se vieron obligados a utilizar la fuerza para reducir a los dos terroristas. Según los terroristas, fueron maltratados salvajemente. Una versión que siempre ha sido recurrente entre los terroristas detenidos. Cualquiera de ellos sabía que al ser detenido debía acusar a los policías o guardia civiles de brutalidad y torturas.
La Audiencia Provincial de Guipúzkoa condenó por torturas a los agentes. Pero, criticando la actividad probatoria de la Audiencia provincial de Guipúzkoa, el Tribunal Supremo absolvía a esos mismos agentes. Ahora, el Tribunal de Derechos Humanos dice que aun suponiendo que el TS tiene razón al decir que quedó probado que las lesiones se produjeron durante la detención, ese tribunal no entra a explorar si fue necesaria o no esa forma de actuar o si fue o no proporcional... y condena a España.
Es lógico que algo como esto, a pesar de tener que ser asumido, genere rechazo, indignación y estupor. Saber que los asesinos son recompensados después de matar a dos personas no puede conducir a otra cosa que no sea esa. Efectivamente, las leyes hay que cumplirlas y nadie puede hacer nada al margen de la ley. Pero convendría que en algunos asuntos los tribunales, incluido este de Derechos Humanos, entrase a explorar lo que fuera necesario para evitar situaciones como la que se ha creado en esta ocasión. El esperpento es superlativo y es absolutamente gratuito.