La LOMCE ha generado gran polémica desde que fue aprobada y por distintas razones. La falta de consenso ha sido la principal de ellas. Es recurrente que, en España, los diferentes partidos que han gobernado desde la implantación de la democracia, deroguen la ley de educación anterior que aprobó el partido adversario con el fin de aprobar una nueva que provocase un nivel de satisfacción mayor entre los votantes propios. Eso sí, sin tener en cuenta al conjunto de los ciudadanos, sin posibilidad de tener una ley en vigor aprobada por todos, discutida por todos y buscando el beneficio de todos.
La LOMCE es uno de los ejemplos más perturbadores para los ciudadanos. Al menos para buena parte de ellos. Imponer una ley de esta trascendencia sin que las partes implicadas tengan la posibilidad de participar es una torpeza política de gran calado.
Una de las cuestiones que menos repercusión ha tenido en los medios de comunicación y que menos debates ha procurado es la novedad respecto a los centros concertados. Las administraciones educativas ya no garantizarán plazas suficientes en los centros públicos, sino que garantizarán la existencia de plazas suficientes en esos centros. Parece que es lo mismo aunque, sin embargo, no lo es. La diferencia es que con decir que se garantizará la existencia se abre la puerta de una mayor presencia de la enseñanza concertada.
Hay que preguntarse qué razón hay para que el planteamiento sea este que se dicta en la LOMCE. Inevitablemente la causa económica es fundamental: la educación concertada es más barata para la Administración. Y, ¿cómo es posible que los centros concertados sean más eficaces? Pagan menos al profesorado, suelen estar en zonas menos conflictivas y, así, consiguen mejores rendimientos entre el alumnado y las clases están más llenas de alumnos, por ejemplo. ¿Por qué los estudiantes de los centros concertados obtienen mejores resultados? Porque proceden de estratos sociales lejanos a los más desfavorecidos y desestructurados. Es decir, no son mejores colegios los concertados aunque sí acumulan los alumnos que potencialmente pueden tener éxito en sus estudios.
Si analizamos el grado de integración en los colegios públicos y concertados, lógicamente, encontramos diferencias. Tan solo teniendo en cuenta el ideario de los colegios católicos que son los que más acumulan plazas concertadas, las dificultades de los niños procedentes de países extranjeros en los que se profesa otra religión distinta, respecto a otros estudiantes, es evidente.
La LOMCE parece, con este tipo de medidas, tener como objetivo relegar la enseñanza pública a un lugar más reducido al que ostenta en este momento. Y este es un debate importante que debe plantearse no solo en términos económicos puesto que incide, directamente, en el futuro de las generaciones que llegan. Todo parece indicar que se inicia un diálogo esperado y necesario. Habrá que esperar que sea una posibilidad aprovechada por todas las partes.