La política híper proteccionista de Donald Trump afecta directamente a las economías, a las empresas, a los hogares. No son palabras grandilocuentes dictadas por un millonario inculto dedicado a la política. Las políticas económicas que se están poniendo en práctica en Estados Unidos son las que, por ejemplo, hacen peligrar toda la industria exportadora de la aceituna de mesa andaluza.
Desde ahora, por cada 100 euros facturados a clientes norteamericanos que importen aceitunas españolas, tendrán que pagar 34,75 euros más en la aduana. Esto supone un 60 por ciento de incremento, cifra que se obtiene del cálculo de la media ponderada de las empresas afectadas. Dicho de otra forma, es un auténtico desastre para los intereses de las empresas españolas afectadas por la medida. El problema podría ir a más. Si desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno de España no se pelea cada arancel o cada medida desproporcionada, si se mira lo que sucede como miran las vacas pasar un tren, todo podría ir a peor. El arancel antidumping se aplicará de inmediato, pero si la Comisión de Comercio Internacional lo estima oportuno se aplicará otro llamado antisubversión. Esto ocurrirá si se entiende que la aceituna española es una amenaza para los intereses de los Estados Unidos de América. Dadas las circunstancias, es muy probable que esto suceda.
En un mundo como el actual, en el que parecía que sumar era la única forma de progreso, en el que imperaban normas útiles desde el final de la II Guerra Mundial que dictaron los propios estadounidenses, Trump introduce, ahora, elementos desestabilizadores que la economía mundial acusa notablemente.
Cabe la posibilidad (remota) de que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos entienda que nuestras aceitunas no son ese peligro que la Administración Trump ha dibujado. Si fuera así, los aranceles desaparecerían. Pero, mientras, las empresas andaluzas y los trabajadores de estas, sufren situaciones críticas. De hecho, ya se han producido despidos. Nada apunta en la dirección de una solución del conflicto. Esa es la realidad. Y nada parece indicar que la batalla se pueda ganar. Por ello, es necesario que el Gobierno andaluz y el de la nación sean contundentes. Entre otras cosas, hay que demandar que obliguen a la UE a tomar medidas. Al fin y al cabo, lo que se está discutiendo es la Política Agraria Común (PAC). Permitir atropellos como este es dejar el camino allanado para lo que pueda llegar en el futuro. Es necesario que se defienda a las empresas exportadoras de aceituna de mesa como se está haciendo con el acero.
Cualquier país del mundo puede y debe defender sus intereses económicos. Pero lo que ya no está tan claro es que se puedan o deban tomar decisiones arbitrarias que vayan en contra de los tratados firmados anteriormente, en contra de todo lo estipulado; por parte de un sujeto que, en unos años, no estará al frente de un país obligado a tener las mejores relaciones con el resto del mundo.