Afortunadamente, España es un país moderno en el que los abusos sexuales contra las mujeres o la violencia de género son condenadas por la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que forman la sociedad, una sociedad que está logrando educar a sus niños en la tolerancia y el rechazo más absoluto frente a la violencia, frente a los clichés con los que la mujer es insultada y vejada, frente a las actitudes machistas de taberna que tanto daño han hecho durante décadas y que han sido permitidas de forma vergonzante sin valorar las consecuencias perversas que tenían y siguen teniendo.
Por tanto, no sorprende que la sociedad se haya revuelto contra la estrategia de defensa que están llevando a cabo los abogados de los miembros conocidos como la manada que, presuntamente, cometieron una violación durante la celebración en Pamplona de las fiestas de San Fermín. No puede utilizarse la vida privada de las personas antes de ser víctimas de un delito, ni lo que haga esa persona una vez que ha sufrido la agresión. Resulta bochornoso que algo así suceda en una sociedad que lucha por superar una lacra que ha supuesto tanto sufrimiento y desigualdad para las mujeres.
Sin entrar a juzgar la actuación de los jueces, los fiscales o de las defensas, lo que parece obvio es que, del mismo modo que se debe tener presente la presunción de inocencia de los acusados, no puede ser que, de ninguna de las maneras, se criminalice a una víctima aludiendo a su vida privada; algo que no tiene nada que ver con el delito que, presuntamente, otros han cometido.
Así lo entiende la opinión pública española y, así, su reacción está más que justificada. En los tribunales se deben juzgar los delitos cometidos por los malhechores y nunca la ética o la moral de las víctimas. De otro modo, estaríamos entrando en un territorio que nada tiene que ver con la justicia. Si es cierto que, en este caso, se produjo una violación brutal, lo que resulta necesario es que se juzgue y se condene a los acusados. Sólo eso.