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De izq. a dcha. Mario Jiménez y Juan Cornejo (PSOE) y Manuel Luzón e Irene Rivera (C’s). / Julio Muñoz (Efe)
PSOE y C’s suscribieron este martes tres documentos: uno sobre regeneración democrática, con 37 medidas, un segundo con 17 medidas para crear empleo y un tercero con 18 para defender los servicios públicos. El primero es el que más claramente tiene el marchamo de C’s y el que puso como principal condición para apoyar a Díaz. Documentos similares han sido suscritos por alcaldes del PP en Málaga o Almería para la composición de los ayuntamientos. En los otros dos hay muchas propuestas del programa del PSOE.
El punto 9 del apartado sobre regeneración democrática de los partidos dice textualmente «separar de inmediato a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política». En el Congreso y el Senado se sientan aún los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que han declarado como imputados en el Supremo por el caso ERE que investiga el presunto fraude en ayudas sociolaborales. Y hasta ahora, C’s entendía que la firma de este acuerdo obligaba al PSOE a pedir a ambos su dimisión inmediata (los dos han anunciado que no repetirán cuando acabe su actual mandato). Fue lo que impidió que C’s se abstuviera en las tres votaciones de investidura celebradas. Díaz mantenía que les pediría el acta cuando hablara el Supremo, entendiendo que aún no hay imputación formal de delitos. Ahora, C’s lo da por bueno.
Este apartado también contempla la elección de candidatos por primarias (el PSOE ya hace); que los cargos electos publiquen sus declaraciones de renta y las de sus cónyuges (Susana Díaz ya lo hizo); que no cobren de sus partidos (también lo aplica ya el PSOE); listas abiertas; limitar los mandatos del presidente (no concreta a cuántos años y necesitaría reformarse el Estatuto); y eliminar los aforamientos autonómicos (nueve excargos de la Junta están siendo investigados por los ERE en tribunales superiores debido a esa condición; de los que cuatro han perdido el aforamiento con las autonómicas).
La regeneración democrática en las administraciones incluye más control de la Cámara de Cuentas, con sanciones a las instituciones que no den sus datos, una Oficina Antifraude y una Ley del Buen Gobierno que Díaz presentó como propuesta estrella de su programa electoral, la incompatibilidad de los parlamentarios con cualquier actividad remunerada (ya existe), que la Junta se persone en los procesos judiciales ante menoscabo de fondos públicos (lo está en los ERE pero no en el presunto fraude en la formación); que de subdirectores generales para abajo sean funcionarios (Podemos exigía que salvo consejeros y viceconsejeros lo fueran todos). Incluye el compromiso, sin cuantificar, de reducir «al mínimo» los entes públicos y sus «numerosos cargos directivos» pero, sobre todo, de hacer público cuántos hay actualmente y cuánto cobran, otra de las peticiones denegadas a Podemos durante las negociaciones y que tampoco logró IU durante el gobierno bipartito.
El acuerdo prevé instar al Gobierno a modificar el Código Penal y la Ley de Contratos para impedir adjudicaciones a condenados por corrupción y para que ésta no prescriba ni haya indultos, además de tipificar como delito la financiación ilegal de partidos, ya en marcha.
Los compromisos en este ámbito se centran en leyes y planes para apoyar a los autónomos y emprendedores, además de la creación de una entidad pública de crédito, muy lejos de la banca pública que exigía IU.
Estaba en el programa electoral del PSOE y también en el del PP, que durante las negociaciones insistió en ello.
El pacto incluye la 500 contrataciones más de profesores y de sanitarios, extender el bilingüismo y las becas, reducir las listas de espera y ampliar el presupuesto para dependencia, todo ello previsto en el programa del PSOE.