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Turistas y fieles ante el altar mayor de la Catedral de Sevilla. / Txetxu Rubio
Se han escrito centenares de líneas, tantas como especulaciones han existido. Ahora, el Ministerio de Justicia ha anunciado que «está procesando los datos para la realización del listado» de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y «se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos». De esta forma los ciudadanos de Sevilla –y de cualquier otra ciudad– podrán conocer con claridad cuáles son los bienes inmuebles que la Iglesia tiene en propiedad.
«Este va a ser un punto de partida muy importante para que se puedan iniciar las reclamaciones por parte de particulares e instituciones», dijo ayer el diputado del PSOE, Antonio Hurtado. «Se han inmatriculado bienes de dominio público que pertenecen a la colectividad y son de uso y servicio público», añadió luego.
El origen se encuentra en una reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1988 por parte del Gobierno de José María Aznar que otorgaba la potestad a la Iglesia Católica de acreditar la propiedad de templos o lugares de culto. Según Hurtado, ahora la Iglesia tiene la posibilidad de «renunciar voluntariamente a estos bienes». Porque, advierte, «que ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avisan de que ese cambio normativo nunca fue acorde a la normativa europea ni a la Convención de Derechos Humanos y dan la razón a los particulares que reclaman a la Iglesias los bienes».
«Hay iglesias sevillanas que se han inmatriculado en coyunturas que no son adecuadas», según considera Guillermo Casillas, portavoz de la Plataforma en Defensa y Recuperación del Patrimonio Público de Sevilla en alusión al templo de Santa Catalina. «La próxima publicación de la lista es una excelente noticia porque Sevilla es una ciudad monumental y ahora por fin podremos conocer con qué propiedades se ha hecho la Iglesia Católica en los últimos años». A juicio de Casillas, que se define como «hombre religioso y cofrade» para disuadir cualquier duda, «lo que no es de nadie es de todos, y la Catedral, la Giralda y el Patio de los Naranjos fueron y deben seguir siendo patrimonio público».
Desde la Plataforma lamentan, por ejemplo, «los escasos cultos que se realizan en la Capilla de la Virgen de los Reyes porque la Iglesia prefiere amortizar más el recinto con los turistas que no sirviendo a los creyentes».
Por su parte, la Conferencia Episcopal no quiso ayer entrar a valorar la decisión del Gobierno de elaborar y publicar un listado de sus bienes inmatriculados, pero apuntó que dicha lista debe hacerse «conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación». Según el secretario económico de la Conferencia, Federico Giménez Barriocanal, esta «no dispone de un registro de bienes inmuebles». «En España existen cerca de 40.000 entidades que son reconocidas como Iglesia Católica a nivel civil y que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, en todo, también en su capacidad de inmatriculación de inmuebles». Este proceso por certificación «no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien». «El acto de registrar no concede la propiedad simplemente la registra», remarcó.
Giménez Barriocanal sostuvo que los bienes «se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general». «Por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculacion por certificación previstos en la ley (y que dejaron de ser operativos en 2015), lo único que se procuró es dejar constancia de una realidad que es anterior al propio acto de registrarla», agregó. Asimismo, explicó que la propia legislación «prevé mecanismos para corregir los errores si los hubiere en dicho proceso», al tiempo que ha insistió en que «la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la propiedad».
En clave política
El presidente del PP, Pablo Casado, pidió ayer al «Gobierno con más ministros de toda la historia» que se preocupe «de lo importante» después de que se haya conocido que publicará los bienes inscritos por la Iglesia Católica para garantizar el cumplimiento de la denominada Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos. Casado señaló que «más que cuestiones que pasaron hace 40 años o relativas a la religión que deben quedar en la esfera privada» lo que piden «es la implicación del gobierno cuanto antes» en otros problemas que consideran más importantes de España.