El cerco sobre la polémica tumba de Queipo de Llano en la Macarena se cierra irremisiblemente con la irrupción de la Junta, dispuesta a asumir su responsabilidad en un asunto con aristas y en el que también están implicados el Ayuntamiento hispalense y la propia hermandad macarena.
Lo anterior se desprende de las palabras del vicepresidente del Ejecutivo de Díaz, Manuel Jiménez Barrios, a la sazón, titular del departamento autonómico de Memoria Democrática. Jiménez Barrios no pestañeó a la hora de afirmar sin tapujos que dejarán caer todo el peso de la Ley sobre la hermandad si esta sigue en su empeño de mantener los restos del militar, tratado de genocida, en un lugar preeminente de la Basílica: «actuaremos según la legislación aprobada», aseveró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras anunciar la puesta en marcha del I Plan de Memoria Democrática, que prevé desarrollar actuaciones de esta índole en el periodo 2018-2022.
En este sentido, el vicepresidente autonómico quiso emitir un voto previo de confianza hacia la corporación macarena, de quién afirmó esperar que tomará una decisión «conforme a la Ley» antes de llegarse al supuesto de que hayan de aplicarse estas medidas legales, que en el caso de obligar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática tendrían un indudable carácter coercitivo.
Con este tajante anuncio de la Junta, la situación de la polémica tumba de Queipo parece vivir un nuevo capítulo, este más decisivo que los anteriores, en un serial que ha acrecentado su protagonismo en los últimos años, por más que hayan transcurrido 80 años desde el golpe militar y que existen ya legislaciones diáfanas a este respecto.
Es el caso de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado año, que especifica en su artículo 32.4 que «cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos». Pese a que artículo anterior hace indefendible el hecho de mantener tal cual la sepultura de Queipo, la Junta aduce que para exigir el cumplimiento de la ley a la Macarena se basarán en un informe jurídico que estará realizado por juristas de la administración autonómica.
A ese momento se llegará si la hermandad sigue sin atender el requerimiento del Ayuntamiento hispalense, realizado a instancias de un pleno municipal que data del verano de 2016. Esta misiva, que el propio alcalde Espadas reconoce envió a la corporación, les invitaba a dar cumplimiento a la flamante Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada «sin ningún voto negativo en el Parlamento», tal y como añadió Jiménez en su interlocución de este martes.
La ausencia de respuesta oficial por la Hermandad, en primer término justificada por encontrarse hace unos meses en plena renovación de su Junta de Gobierno, empieza a soliviantar no solo al Consistorio, sino también a la Junta, que ahora redobla la presión con objeto de hacer valer una legislación que quedaría estigmatizada para los restos si en este caso, el más mediático, se la saltan a la torera.
Informe jurídico de la hermandad
En la ciudad existen voces favorables a mantener la tumba de Queipo en su lugar actual, una capilla lateral a los pies de la basílica. Esta opinión, hasta no hace mucho aducida por activa y pasiva por la propia hermandad, defiende que los honores los tiene por ser hermano mayor honorario y por su aportación a la construcción del templo y no por su implicación en el golpe y posterior gobierno dictatorial. En este sentido, es destacable que también corren nuevos vientos por San Gil, ya que la nueva Junta de Gobierno, asediada por la presión legislativa, ya no se cierra en banda a la permanencia a ultranza del mausoleo honorífico.
Fuentes de la Junta de Gobierno, recién llegada a la hermandad tras vencer en las elecciones macarenas del pasado noviembre, asintieron a este periódico que actuarán conforme a ley, y para ello, han encargado su propio informe jurídico que haga una interpretación de la Ley de Memoria Democrática. En este sentido, la Junta de Gobierno reconoce que aún están a la espera de las conclusiones de este informe para responder, en primer lugar, al requerimiento municipal. Fue el propio alcalde Espadas quien hace apenas unos días, con motivo del anuncio de los trabajo en la fosa común de Pico Reja, reiteró que sigue a la espera de un «contacto específico» con el nuevo hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero. Esta cita se prevé vital para el devenir próximo de un asunto que sigue siendo centro de la polémica en Sevilla. Por su parte, la Junta espera la buena voluntad, pero ya ha avisado que no dudarán el acogerse a la ley para que Queipo pierda los honores.
