¿Adiós a los Amarillos?

La histórica empresa de transportes se arriesga a perder la concesión de la Junta tras las numerosas protestas de los usuarios de Los Palacios y Villafranca

Álvaro Romero @aromerobernal1 /
10 oct 2017 / 20:57 h - Actualizado: 10 oct 2017 / 20:59 h.
"Transportes","Juan Manuel Valle Chacón"
  • Un autobús prácticamente vacío transportando pasajeros palaciegos. / A.R.
    Un autobús prácticamente vacío transportando pasajeros palaciegos. / A.R.

La última carta del alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU), a la Delegación territorial de Fomento en Sevilla –que regula la concesión a empresas públicas de transportes– puede ser la gota que ha colmado el vaso de la paciencia incluso de la administración, después de varios años de protestas in crescendo de los usuarios de Los Amarillos, la histórica empresa de transportes que nació precisamente en este pueblo del Bajo Guadalquivir, concretamente en 1930, cuando empezó a llevar a mujeres palaciegas que trabajaban en los innumerables almacenes de aceitunas que funcionaban en el pueblo vecino de Dos Hermanas.

Aquel fue el origen de una empresa que hoy tiene su sede en la localidad nazarena; que ha creado nuevas filiales como Amarillos Tour SA o Amarillos del Sur SL; y que solo por la concesión del gobierno andaluz da trabajo a 150 empleados. Ayer, el delegado de Fomento y Vivienda en Sevilla, Jesús María Sánchez, confirmó lo que se esperaba o se temía según qué frentes: la apertura de un expediente a la empresa no solo por lo que se refiere a la expedición M-34 que es la que afecta a Los Palacios y Villafranca, el pueblo de las protestas por antonomasia –según ha reconocido a este periódico, en varias ocasiones, el director de Operaciones de Los Amarillos, Ángel Escribá–, sino en lo referido a toda la línea de transporte regular por carretera que implica a las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.

Según explican en Fomento, la empresa concesionaria «ha venido siendo objeto de una serie de incumplimientos reiterados sobre las condiciones de su contrato, lo que ha obligado a la Consejería de Fomento y Vivienda a abrirle un expediente para garantizar un servicio público de calidad». El alcalde palaciego no tardó ayer en celebrarlo: «Me confirman oficialmente que la Junta ha abierto expediente a Los Amarillos», publicó en su cuenta de Facebook, y añadió: «Así me lo ha trasladado el delegado de Fomento en Sevilla. Nuestras denuncias ante las graves irregularidades y el maltrato a nuestro pueblo han servido. La determinación de la Junta es clara».

Fomento basa su expediente en «numerosos incumplimientos por parte de la empresa, como no tener en regla los permisos necesarios, calidad deficiente de su flota y alteración o anulación sin autorización ni previo aviso de expediciones, con el consiguiente perjuicio para los usuarios». Estas y otras quejas son precisamente las que denuncian constantemente los usuarios palaciegos, aunque al parecer no son los únicos. En cualquier caso, Escribá ha mantenido hasta ahora que «en ningún lado recibimos las críticas de Los Palacios», además de insistir en que «la inspección, que revisa los autobuses, no nos ha sancionado nunca». La situación no parece ser ya la misma. El expediente se encuentra en el Consejo Consultivo, que será el organismo que deba informar sobre el mismo para que la Consejería actúe en consecuencia. O sea, que en los próximos días los autobuses seguirán funcionando mientras la Junta no tome una decisión definitiva.

PUESTOS GARANTIZADOS

La Consejería de Fomento y Vivienda ha insistido, en cualquier caso, en que garantizará en todo momento los puestos de trabajo de la plantilla que actualmente opera, ya que, en caso de resolución de contrato, «la nueva empresa está obligada a la subrogación de todos los empleados». De momento, ello ha tranquilizado no solo a los trabajadores, sino al sindicato UGT, que ya la semana pasada sospechaba del expediente y reivindicaba una subrogación total para que «si del expediente se deriva alguna responsabilidad, que sea económica para castigar a la empresa y que no lo paguen los trabajadores».