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Alcalá de Guadaíra desalojará a los okupas de las viviendas del centro

El Ayuntamiento y las fuerzas policiales diseñan un plan para evitar un efecto llamada tras las últimas ocupaciones ilegales. No se descarta el derribo de pisos

03 jul 2018 / 22:03 h - Actualizado: 03 jul 2018 / 22:03 h.
  • La alcaldesa se reunió con las fuerzas de seguridad y servicio municipales. / E. C.
    La alcaldesa se reunió con las fuerzas de seguridad y servicio municipales. / E. C.

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El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra está coordinando a sus distintos departamentos y las fuerzas de seguridad de la ciudad contra la ocupación ilegal de viviendas que se está produciendo en el centro de la ciudad. Para ello, llevarán a cabo unas actuaciones que servirán para cortar cualquier atisbo de efecto llamada, entre las que incluyen desalojos y hasta derribo del inmueble.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ante «la alarma social» por las quejas de los vecinos de esta zona, se ha reunido con responsables del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, así como con los servicios municipales de Vivienda, Servicios Sociales, Urbanismo y Gerencia de Servicios Urbanos, para coordinar las acciones a llevar a cabo con la contundencia que permite la ley.

Entre las medidas iniciales se ha acordado realizar inspecciones para la identificación de cada persona que esté relacionada con una ocupación ilegal, además de estar atentos a las denuncias de los vecinos. Asimismo, se iniciará el procedimiento para actuar mediante un desalojo en la vivienda municipal de la calle Orellana número 18, iniciándose el correspondiente expediente para su posterior derribo.

Paralelamente, desde los Servicios Sociales han transmitido que se van a estudiar personalmente las situaciones de procedencia y socioeconómicas de cada familia implicada, coordinándose desde Vivienda todas las acciones relacionadas con estas políticas. Del mismo modo, desde Urbanismo y Servicios Urbanos se coordinarán en los procedimientos administrativos de los expedientes llevándose a cabo además la inspección y adecentamiento de los solares de la zona.

A pesar de que el Consistorio entiende «las dificultades económicas que puedan atravesar familias», insiste en que tiene la responsabilidad de acatar y hacer cumplir la Ley en su territorio, evitando además situaciones que generen problemas de convivencia o salud.


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