-
La hermandad del Rocío de Triana a su paso por el vado del Quema. / José Manuel Cabello
El peaje rociero vuelve a quedar interrumpido por segundo año consecutivo. Las 37 hermandades del Rocío que sestean o pernoctan en los pinares de Aznalcázar antes de llegar a la aldea de Almonte quedarán exentas de pagar la fianza de 3.000 euros y una cuota de 25 euros por vehículo, según se establece en el artículo 7 de la ordenanza municipal reguladora de uso público y aprovechamientos forestales que el Ayuntamiento de Aznalcázar aprobó en 2014.
El Consistorio aznalcaceño celebró ayer un pleno ordinario en el que se acordó por unanimidad suspender temporalmente este artículo, para así eximir a las hermandades del pago de dichos cánones. En esta ocasión y como ocurrió el año pasado será la Diputación la que correrá con los gastos que genere la adecuación, mantenimiento y limpieza de los pinares, unos trabajos que se realizan antes y después del paso de las hermandades y que ascienden a unos 30.000 euros, según calcula la alcaldesa de la localidad, la socialista Manuela Cabello.
La aprobación en 2014 de esta ordenanza, que en su artículo 7 se refiere en exclusiva a la romería del Rocío, se estipula que las hermandades que transiten, sesteen o pernocten en terrenos de Aznalcázar deben contar con autorización municipal, además exige que se facilite el número de peregrinos y de vehículos que acompañan a cada hermandad y se impone que «para asegurar la conservación de las condiciones ambientales de los terrenos forestales ocupados durante su sesteo y/o pernocta por cada hermandad del Rocío, se establece una fianza de 3.000 euros por hermandad y año». Eso sí, en la ordenanza se aclara que el dinero se devolverá «en caso de no producirse alteraciones del medio por la ocupación del mismo por parte de la hermandad». Además, la normativa establece un canon de 25 euros por vehículo que acompañe a cada hermandad por «el patrimonio natural de Aznalcázar».
Este artículo 7 de la mencionada ordenanza encolerizó a las hermandades del Rocío –incluso la de Aznalcázar mostró su rechazo a la decisión municipal– y algunas amenazaron con variar su camino –algo que ocurrió el año pasado, pese a que se derogó este punto de la normativa–. Finalmente, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, por el cual estas administraciones el año pasado corrieron con los gastos de la mano de obra necesaria para adecuar los espacios forestarles afectados por la peregrinación.
La entonces alcaldesa de Aznalcázar, la también socialista Dolores Escalona, explicó que la ordenanza no tenía ningún afán recaudatorio y que lo único que buscaba era impulsar el empleo en la localidad.