El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Utrera (Sevilla) ha condenado al padre de una menor de la localidad como autor de un delito leve de amenazas, al proferir éstas contra un profesor de su hija a raíz de una corrección impuesta por no traer la tarea repetidamente.
En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena a este hombre a una pena de 35 días de multa, a razón de seis euros diarios --un total de 210 euros--, e imposición de costas en su caso.
Los hechos enjuiciados se remontan al pasado mes de mayo, cuando, en el instituto de Educación Secundaria (IES) Ponce de León, tras reunirse con el jefe de estudios y el docente, el padre increpó con muestras de agresividad al segundo diciéndole ‘te voy a esperar a la salida, por tu culpa mi hija está en un psicólogo, esto que estás haciendo te va a costar el dinero, valiente sueldo mal tirado’, todo ello en presencia de la directora del centro y la orientadora.
Resalta el juzgado que, a su juicio, queda acreditado que el denunciado profirió las expresiones, siendo todos los testimonios coincidentes y destacando de la actuación de la defensa que se pretendió acreditar que el denunciado había pedido disculpas tras los hechos, “por lo que, a pesar de negar los hechos en su declaración en el acto de la vista, constan pruebas objetivas y de cargo suficientes para entender destruida la presunción de inocencia y tener por acreditados los hechos”.
Con todo, el juzgado no concede la indemnización de 750 euros reclamada en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios económicos que le habrían supuesto el cambio de centro escolar y por daños morales, ya que ni se prueba la merma de ingresos ni el informe médico que habla de ‘trastorno de adaptación ansioso reactivo a una situación de ansiedad’ debe implicar que tan padecimiento venga motivado por estos hechos.
Desde el sindicato Piensa se destaca que la acusación del profesor también solicitaba su enjuiciamiento como autor de un delito leve de falta de respeto a la autoridad, en consonancia con el artículo 556.2 del Código Penal. Sin embargo, “la magistrada ha considerado que los hechos cometidos quedan subsumidos en la sentencia condenatoria dictada”.
Piensa lamenta la “falta de consideración” del profesorado como autoridad pública, “reconocimiento que le otorga la LOMCE y que en Andalucía no he tenido un desarrollo normativo, a diferencia de otras comunidades y ciudades autónomas”. Desde la central sindical se insiste en la necesidad de considerar al profesorado como autoridad pública, puesto que garantiza una especial protección a este colectivo en el ejercicio de su función pública.
Por otro lado, Piensa también hace un llamamiento al profesorado a que denuncie cualquier agresión o amenaza, destacando que en demasiadas ocasiones esta “violencia de baja intensidad” queda silenciada por temor al procedimiento burocrático que conlleva.