Consenso social a favor del PER

Partidarios y detractores. Partidos, patronal y sindicatos están a favor del sistema de subsidio en el campo, pero sigue habiendo voces preocupadas por el clientelismo

28 mar 2017 / 22:35 h - Actualizado: 28 mar 2017 / 23:27 h.
"El PER. ¿sí o no?"
  • Trabajos a cargo del antiguo PER, hoy PFEA, en Peñaflor. / Fernando Liñán
    Trabajos a cargo del antiguo PER, hoy PFEA, en Peñaflor. / Fernando Liñán

Si los críticos del PER están en lo cierto y es la piedra que sostiene todo el sistema político andaluz o sevillano, habrá PER para rato porque ni los partidos políticos, ni los sindicatos ni la patronal del campo lo cuestionan, salvo en matices o cuando se produce alguna disfunción: la crítica es para mejorarlo y no para derribarlo.

En eso coinciden tres de las voces que aparecen en este reportaje. Si el inconsciente colectivo asocia el apoyo al PER (que ya no se llama así desde hace 20 años, sino primero Aepsa y ahora PFEA) con la izquierda, los aparatos de partidos liberales y de centroderecha como C’s y PP, con quienes este periódico también se puso en contacto, están tan a gusto con el PER como el PSOE y solo cuestionan abusos de tal o cual alcalde.

Al menos, en Sevilla; y con la salvedad de que el discurso negativo sobre el PER sí ha calado en parte de sus bases, que desconfían de este sistema de reparto de renta. Urbanistas de clase media se cuestionan las «grietas por donde ha entrado la corrupción», aunque las críticas más feroces vienen sobre todo desde fuera.

En internet cualquiera puede encontrar todo un hilo de pensamiento –que se remonta a los años 70– en el ideólogos madrileños o catalanes enlazan la idea de que el PER «fomenta la vagancia» y una concepción «subsidiada» del universo. Claro que a algún catedrático de economía el argumento se le viene abajo cuando se refiere a los jornaleros de Huelva como «oscenses».

Quienes defienden el PER destacan que ha supuesto una transferencia de renta a Andalucía no muy diferente a la que se ha dado a otras regiones tras la quiebra de sus industrias, además de una ayuda social para la subsistencia más básica en los largos meses de paro en el campo –el subsidio en el mejor de los casos no pasa de los 550 euros al mes–.

Las obras públicas –lo que ahora se llama PFEA– han modernizado los pueblos además de permitir completar las peonadas que faltan a los trabajadores agrícolas que necesitan el subsidio.

Pero quizá lo más importante, y por lo que otras zonas rurales deprimidas –Castilla-León o el Bajo Aragón– ya cuentan con ayudas parecidas al PER, es que este sistema ha evitado que los pueblos andaluces y extremeños se vacíen ante la falta de oportunidades que da el campo cuando los políticos o los agentes sociales no lo cuidan.