La Asociación pro Derechos Humanos de los Menores denunció ayer la retirada «irregular» de un niño de 13 años, que el pasado 27 de abril fue sacado de su instituto en Castilleja de la Cuesta por seis policías y en la actualidad se encuentra internado en el hospital Torrecárdenas de Almería sin que su madre haya sido informada sobre su estado de salud ni haya podido visitarlo.
Según informó la asociación, el viernes 27 de abril, seis policías de diferentes cuerpos se personaron en el instituto donde estudia el menor y lo trasladaron a un centro de menores de Almería, en cumplimiento de una orden de desamparo.
Raquel, la madre del chico, explicó ayer en rueda de prensa que nada más conocer lo sucedido se trasladó a Almería, donde pasó el fin de semana durmiendo a la intemperie en un banco porque el hospital no le informó de los motivos de ingreso de su hijo ni le permitió sentarse en la sala de espera.
Las mismas fuentes indicaron que el chico ha protagonizado un rosario de fugas desde septiembre de 2016 y en todos los casos había dicho a su familia que siempre que fuese ingresado en un centro de menores «o me fugo o me suicido».
José Antonio Bosch, abogado de la madre, indicó que «la situación es preocupante y al no darnos información la Junta de Andalucía, lo único que hace es aumentar la alarma». A su juicio, el menor se encuentra «en un limbo jurídico entre las situaciones de secuestro, detención y busca y captura».
«No atinamos a entender el ensañamiento de la Junta con esta familia», en la que Raquel ha visto como sus tres hijos, tres menores de 13, 9 y un año y medio, han sido declarados en situación de desamparo como consecuencia de una situación de malos tratos que sufría la madre, pero que en la actualidad ha desaparecido, indicó Bosch.
Raquel explicó que ahora tiene vivienda y unos ingresos regulares derivados de la indemnización que recibió tras un juicio por maltrato, pero la Junta «ni siquiera ha venido a ver mi casa».
Según Bosch, los hechos se han producido así porque «es más barato declarar el desamparo de los hijos que ocuparse de la familia, de buscarle una vivienda o facilitarle un empleo».
La defensa entiende que en este caso está vigente la resolución de 2014 que dio un régimen de visitas a la madre y a los abuelos del menor y por lo tanto, al no informar a Raquel sobre la salud de su hijo, «se está incumpliendo su derecho a conocer el estado de salud de su hijo».
Asunción García Acosta, presidenta de la Asociación pro Derechos Humanos de los Menores, destacó que «no es legal ir a un centro escolar y llevarse a un menor. El director, que debe dar su consentimiento, debería haber llamado a la madre como la persona que había dejado al niño en el colegio».
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, afirmó que «no había más remedio que intervenir y se intervino» y pidió que los temas de menores se lleven de una manera «menos expuesta». Garantizó además que «nunca jamás se interviene si previamente no se han agotado todas las vías».
