Cuando hace casi un mes se supo que la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Sevilla abría diligencias para investigar la quema del Judas de la localidad sevillana de Coripe, en la localidad todos los vecinos pensaban que quedaría en una anécdota, pero parece quedar confirmado que es un tema que tendrá recorrido judicial.
Oficialmente, la Fiscalía ha citado como investigado, la figura que antes se denominaba imputado, al alcalde de la localidad, el socialista Antonio Pérez, a raíz de la denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia por una fiesta en la que fue quemada una figura que representaba a la asesina confesa del niño Gabriel Cruz. La citación se amplía, además, a la concejala de Festejos, Irene García Galván.
La denuncia fue presentada tras difundirse unos vídeos de la fiesta de Judas del pasado Domingo de Resurrección, en los que se apreciaban “vejaciones racistas y violentas” contra el muñeco que representaba a Ana Julia Quezada.
Se trata de una fiesta que se celebra cada año y tiene más de un siglo de historia, organizada a beneficio de la excursión de fin de año del colegio del pueblo. Consiste en tirotear a un muñeco hecho de trapo y paja en el que se esconde un poco de gasolina hasta que éste comience a arder, que cada año representa a un personaje conocido que haya destacado por haber realizado alguna mala acción.
En su día, el alcalde ya explicó que en el Ayuntamiento ni siquiera saben qué personaje será el protagonista de la jornada, ya que es la Asociación de Padres y Madres de Alumnos la que se encarga de darle forma a la fiesta. Hasta que aparece en la plaza del pueblo el muñeco, todo es un misterio.
Posible delito de odio
Según el escrito de citación que ha sido enviado al Ayuntamiento, el edil tendrá que comparecer ante la Fiscalía el próximo 6 de junio a las 11.00 horas, y allí tendrá que responder ante la acusación inicial de un posible delito de odio, indicando el escrito que tendrá que explicar el procedimiento que se sigue para elegir al personaje en cuestión cada año, así como que esclarezca quiénes eran las personas que habrían realizado las expresiones vejatorias.
Lo que se le imputa al alcalde no es baladí. El delito de odio está castigado en el Código Penal español con pena de prisión de uno a cuatro años y además con la pena de multa de seis a doce meses, en el caso de que quede demostrado que ha llevado al fomento de la violencia contra grupos o personas determinadas por motivos racistas, étnicos, ideológicos o religiosos.
La ley engloba a quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.
Con todo, el alcalde enfatizaba este miércoles que no tiene razón de ser la denuncia, y volvía a incidir en que ni él ni su pueblo son racistas. Tras recibir la notificación, el edil tuvo una primera reunión con su abogada, con vistas a preparar lo mejor posible su declaración ante la Fiscal del próximo 6 de junio.
Pero, además, la Fiscal indica en el mismo escrito que el alcalde tendrá que comparecer con la documentación que acredite lo que declare en esa jornada, e incluso aclarar qué personas fueron las que profirieron gritos racistas destinados a la muñeca, y por ende a Quezada.
Ese punto será el más complicado de solventar, ya que ese día había en la plaza casi el doble de la población de la localidad, y muchas de las personas que acudieron a la quema del Judas ni son vecinos del pueblo ni conocidos, según las imágenes de vídeo que se han difundido, en las que no se ve con nitidez a las personas que profieren los gritos.
La muñeca representativa de Ana Julia, como se viene haciendo desde hace más de cien años en Coripe, fue llevada a la plaza escoltada por unos hombres vestidos de escopeteros, “que antes de colgarla le atizaron varios golpes para después ser tiroteada con munición de salva, hasta que empezó a arder quemándose en su totalidad”, cita la denuncia.
El Ayuntamiento vuelve al argumento inicial de este mismo caso. Defiende que no se trató de una fiesta racista, sino de una tradición que además es Fiesta de Interés Turístico Nacional, y que los vecinos que lo organizan decidieron este año que la protagonista fuese Quezada.