lunes, 24 septiembre 2018
07:36
, última actualización
Tomares

El alcalde de Tomares defiende la legalidad de las adjudicaciones a Guerra 21

José Luis Sanz esgrime «informes jurídicos» para justificar las contrataciones del Ayuntamiento a esta sociedad y otras empresas ligadas a ella pese a que la Fiscalía las tacha de «objetivamente contrarias a derecho»

19 mar 2018 / 13:48 h - Actualizado: 19 mar 2018 / 13:55 h.
  • José Luis Sanz a la salida del juzgado. / Europa Press
    José Luis Sanz a la salida del juzgado. / Europa Press

El alcalde de Tomares y senador popular, José Luis Sanz, ha comparecido este lunes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, por las adjudicaciones del Ayuntamiento de dicho municipio a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella. Frente al escrito emitido el pasado verano por la Fiscalía, según la cual estas contrataciones fueron “objetivamente contrarias a derecho” y eludieron “groseramente todo procedimiento legal”, José Luis Sanz ha manifestado que cuenta con “informes jurídicos” que avalan que las adjudicaciones fueron formalizadas “conforme a la Ley”.

José Luis Sanz ha prestado declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número ocho durante aproximadamente una hora, tras lo cual ha manifestado a los medios de comunicación que esta declaración “voluntaria” prestada en calidad de investigado supone “un paso más para el archivo definitivo del caso Tomares”. Y es que como bien ha recordado el primer edil, las diligencias relativas a las adjudicaciones del Ayuntamiento a la sociedad Guerra 21 nacieron como una pieza separada de la investigación inicial de las remuneraciones municipales al que fuera concejal popular Juan Campos, antes de que formase parte del Gobierno local de Tomares.

“No me cabe la menor duda de que esta declaración voluntaria es un paso más para el archivo definitivo del caso”, ha insistido el alcalde de Tomares, exponiendo que las contrataciones investigadas contaron “siempre con el visto bueno de los más de diez funcionarios públicos que a lo largo de estos años han participado” en los procedimientos administrativos que sostienen cada una de las adjudicaciones.

Esgrime “informes juridicos”

“Todo lo que se ha hecho ha sido buscando el beneficio económico para el Ayuntamiento y el interés general de los vecinos y nadie se ha llevado ni un solo euro”, ha defendido el primer edil. En cuanto al escrito emitido el pasado mes de julio por la Fiscalía, que señalaba supuestas adjudicaciones directas del Ayuntamiento en favor de Guerra 21 o sus sociedades afines y presuntos fraccionamientos de contratos, José Luis Sanz ha precisado a Europa Press que la tesis del Ministerio Público “se basa en un informe de un perito judicial” y él ha “presentado” ante el juzgado “informes jurídicos” que avalarían las contrataciones y pondrían de relieve que “todo ha sido contratado conforme a la Ley”.

Estas diligencias judiciales se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.

Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del Gobierno municipal del PP, fue archivada por la juez instructora a comienzos de agosto de 2017, toda vez que en 2015, el Tribunal Supremo había archivado ya las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.

Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.

Estas nuevas diligencias, separadas de la causa inicial, se centran en la presunta creación de “un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014”, para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las “únicas adjudicatarias” de “determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual”.

Tal es la tesis expuesta por la Fiscalía en su escrito del pasado 14 de julio de 2017, según el cual “las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal”.

Varios investigados

El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias estarían investigados, principalmente, los administradores de la sociedad Guerra 21; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa; la entonces concejal del PP Mercedes Fuentes; el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011; y la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro.

En cualquier caso, en su escrito la Fiscalía pormenorizaba quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, atribuyendo al propio alcalde de Tomares la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni “antecedentes administrativos”, señalando los “indicios” que pesan en su contra y recordando su aforamiento por su condición de senador.

A partir de ahí, la titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla elevó las diligencias al Tribunal Supremo, a cuenta de la condición de aforado de Sanz. No obstante, el Supremo decidió devolver las actuaciones al juzgado, considerando que dado el estado de las actuaciones, procedía que la juez de instrucción tomase declaración al primer edil “si voluntariamente se prestase a ello”.

Así, la juez de instrucción requería al alcalde para que informase sobre si aceptaba “prestar declaración en calidad de investigado”, toda vez que ya en una providencia de fecha 6 de marzo, la juez daba cuenta de que Sanz había comunicado que su decisión de acudir a declarar como investigado cuando sea llamado”.


Versión impresa y hemeroteca de El Correo
  • 1
Entrevistas - Personajes por Andalucía
Todos los vídeos de Semana Santa 2016