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Un jornalero peina las ramas de olivo en el municipio de Estepa. / Javier Díaz
El antiguo PER, renombrado hace ya unos años como Profea, vuelve a crecer. Las ayudas a los jornaleros sevillanos ascienden a 34,5 millones de euros en 2018. La subida, de 200.000 euros y que en porcentajes es de un 1 por ciento, es entendida de «importante esfuerzo» por parte del Gobierno, pero que los sindicatos, como UGT, valoran pero también consideran «insuficiente». Una queja, la de los agentes sociales, que se justifica no solo por un incremento menor que el del pasado ejercicio –que fue del 3 por ciento– sino por la rémora histórica de seis años en los que estas partidas han permanecido congeladas.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, presidió la Comisión Regional del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) para Andalucía, que este año llega a 153,6 millones.
Sanz destacó «el importante esfuerzo realizado por el Gobierno» para aprobar la distribución y disponer de fondos pese a tener los presupuestos prorrogados. Así lo afirmó tras la reunión, en la que se aprobó por unanimidad la distribución entre las ocho provincias de los fondos ya asignados por el Estado a Andalucía a través de este programa, que representan el 68,35 por ciento del montante total que destina la administración central. De ellos, Sevilla es la provincia, como en otros ejercicios, con mayor porción de la tarta, seguido por Córdoba (23,6 millones), Granada (20,7 millones) y Jaén (19,8 millones).
Sanz destacó la importancia «crucial» del Profea tanto para los municipios andaluces como para los trabajadores que dependen del empleo agrario y las obras que se proyectan a través de dicho plan durante el cese de la actividad en el campo. «No sólo no se recorta el Profea sino que, una vez superada la crisis, el Gobierno apuesta por este plan crucial para los municipios de Andalucía y aprueba una revaloración que supondrá 1,54 millones adicionales para impulsar proyectos generadores de empleo», señaló el delegado, que pidió que «se mantenga el espíritu de consenso y lealtad entre administraciones» que siempre ha presidido el desarrollo de este plan.
Sanz incidió en que «la buena coordinación» entre las administraciones implicadas en el desarrollo del Profea ha permitido la «mejora paulatina» en la gestión de los fondos, optimizando su rendimiento y su utilidad social, de forma que este año se espera generar con este plan en torno a dos millones de jornales en Andalucía.
La comisión acordó una actualización de los criterios de reparto de los fondos, de manera que no solo se centre en indicadores históricos, sino también en indicadores de mercado. Además, se estableció el peso porcentual de cada indicador, con lo que el indicador histórico representará el 90 por ciento y el de mercado un 10 por ciento.
De igual modo, anunció la creación de un grupo de trabajo que analizará posibles mejoras en la gestión del programa, de manera que se pueda ajustar a la realidad y las circunstancias cambiantes del mundo rural. Distintas provincias andaluzas, entre ellas Sevilla, ya plantearon propuestas al respecto.
Un 78,77 por ciento de estos fondos corresponden al Plan de Garantías de Rentas, es decir, ayudas que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) otorga directamente a los pueblos con la finalidad de contratar a parados agrícolas en proyectos de interés social y general. El resto corresponden al Plan Generador de Empleo Estable.
Por su parte, el secretario general de UGT-FICA Andalucía, Manuel Jiménez, valoró la puesta en marcha de los fondos del Profea, si bien calificó de «insuficiente» la subida, porque la pérdida ha sido de un 5,4 por ciento de media en estos últimos años. «Esperamos que esa cifra se pueda modificar con el presupuesto que se está negociando en el Congreso», manifestó.