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Fachada de la casa consistorial de Herrera. / El Correo
Herrera es un municipio de poco más de 6.500 habitantes enclavado en plena Sierra Sur, que carece de problemas de inseguridad. De hecho, según datos oficiales, los actos delictivos bajaron en un 18 por ciento en 2017 con respecto a 2016, pero su alcalde, el popular Jorge Muriel, quiere que la seguridad mejore aún más. Explica que los robos no son muy frecuentes en su localidad, pero se lamenta de que a causa de la redes sociales cuando se produce un hecho de este tipo las alarmas se encienden. Por ello se ha propuesto que la inseguridad no sea un tema de preocupación entre sus vecinos.
Una de las medidas que adoptará cuando obtenga todos los permisos del Gobierno es instalar 30 cámaras de vigilancia, «no de tráfico», recalca Muriel, que se colocarán en las entradas y salidas del municipio y en los puntos más estratégicos de la localidad. Para ello el Consistorio ya tiene aprobado un presupuesto de 30.000 euros, aunque el regidor insiste en que solo entrarán en servicio cuando cuente con el visto bueno de las administraciones competentes.
Además, Herrera tendrá este año tres nuevos agentes de la Policía Local, lo que también supondrá un importante desembolso para el Ayuntamiento. El regidor calcula que para cada policía, entre salario y Seguridad Social, el Consistorio deberá destinar unos 35.000 euros al año.
Con la incorporación de estos tres nuevos agentes, el municipio dispondrá de un total de 12 efectivos, aunque uno de ellos está actualmente en segunda actividad. Muriel manifiesta que con este número de policías, su municipio roza la tasa ideal que es de dos agentes por cada 1.000 habitantes.
Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con una patrulla urbana que vigila las instalaciones municipales, que hace rondas entre los diferentes edificios, lo que también contribuye a garantizar la seguridad. El regidor aclara que estas personas cuando detectan un acto delictivo no pueden actuar, «pero sí tienen la obligación de dar aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil».
Pero el Ayuntamiento de Herrera no solo muestra preocupación por mantener la seguridad en el casco urbano, también subvenciona vigilancia privada en el campo, que, según el alcalde, está dando muy buenos resultados: «Este año no ha habido robos de aceituna».
Esta vigilancia trabaja en colaboración con la Policía Local y con el grupo ROCA –acrónimo de robos en el campo– de la Guardia Civil.
La patrulla rural antes solo funcionaba en campaña, durante cuatro meses, pero ahora se vigila durante todo el año al llegar a un acuerdo con el coto de caza, cuyo guarda es el que se encarga de realizar los controles durante el resto del año. El Consistorio aporta para este servicio el 80 por ciento del coste, 24.000 euros, y el resto corre a cargo de las dos cooperativas de la localidad –Agropecuaria de Herrera y La Purísima– y del coto.
A estos efectivos se unen los de la Guardia Civil que, según prometió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una visita que realizó a la zona, se incrementarán en dos agentes más cuando salgan los que ahora se están formando en la academia.
En tema de seguridad queda un asunto pendiente: la construcción de una nueva casa cuartel. El Ayuntamiento cederá los terrenos, que ya cuentan con el beneplácito de los técnicos de la Benemérita, pero queda por concretar qué porcentaje de la obra paga el Gobierno central y qué parte el Consistorio. La obra supondrá un desembolso de unos 600.000 euros.
Este edificio, que contará con cuatro viviendas para los agentes, es una reclamación histórica del municipio, porque el inmueble que ocupa ahora la Guardia Civil ha necesitado varias intervenciones para tenerlo en condiciones. El acuerdo para levantar una nueva casa cuartel se firmó en 2014.