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Fachada principal del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. / Sergio Rivas
Desde finales de 2011 el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, presidido por el socialista Fernando Zamora, se ha puesto manos a la obra para declarar a su municipio libre de desahucios –algo que está consiguiendo–. En estos años, todas las familias que han acudido al Consistorio a pedir auxilio han logrado poder permanecer en sus viviendas gracias a la coordinación y colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades bancarias implicadas. Pero el gobierno sanjuanero, con el apoyo unánime de todo el plenario, en febrero de 2013 dio un paso más y aprobó retirar sus cuentas de los bancos que ejecutasen algún desahucio.
Ahora se ha fijado otro reto: lograr que las entidades financieras cedan al Consistorio los pisos que tienen libres en la localidad. Para ello, a finales del año pasado, el regidor envió media docena de correos electrónicos a lo bancos solicitando la cesión «temporal» de estas viviendas para ponerlas a disposición de las familias desfavorecidas del municipio –un millar se encuentran en riesgo de exclusión social, según datos municipales–. Esta iniciativa, sin embargo, obtuvo la callada por respuesta, por lo que en enero de este año se optó por remitir cartas certificadas con la misma petición, también con el apoyo de todo el plenario. El alcalde en esta ocasión ha mandado aproximadamente 22 misivas a entidades financieras y sus inmobiliarias filiales con la misma reclamación. La concejal de Protección a la Vivienda, María José Quesada, advierte de que si en esta ocasión no se llega a ningún acuerdo se adoptarán otro tipo de medidas más contundentes.
La edil explica que la propuesta municipal es beneficiosa tanto para el Ayuntamiento como para los bancos, porque se soluciona el problema de vivienda que tienen muchas familias sanjuaneras y porque las entidades bancarias y sus filiales se garantizan que los pisos que cedan se mantendrán en buenas condiciones y no se ocuparán de forma ilegal.
El regidor en su escrito se queja de que los pisos desocupados provoca una serie de problemas colaterales que alteran el orden público, «como deudas acumuladas por parte de las entidades financieras a las comunidades de propietarios, abandono de las viviendas que quedan en situación de inhabitabilidad, deterioro del paisaje urbano, surgimiento de grupos organizados para el uso indebido de esas viviendas e inseguridad ciudadana», unos contratiempos que, según plantea el alcalde en su carta, las entidades financieras no han atajado con contundencia. Ante esta situación, el pleno local aprobó que Zamora reclamase a los bancos la cesión de sus viviendas de forma temporal para ponerlas a disposición de familias desfavorecidas que hayan perdido su residencia habitual; que la cesión sea a coste cero de las viviendas deshabitadas que han quedado en condiciones de inhabitabilidad fruto de actos vandálicos provocados por el abandono y ponerlas a disposición de familias desfavorecidas o arreglarlas y ponerlas un alquiler social; y regularizar a los ocupas ilegales, mediante el preceptivo informe de los Servicios Sociales.
El Ayuntamiento actualmente desconoce cuántas viviendas hay vacías en San Juan, pero para conocer este dato ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para que realice una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la situación de la vivienda en la localidad.
Quesada remacha que el que haya casas vacías incita a la ocupación ilegal de las mismas, que causa un quebranto económico al Consistorio, que ante la llamada de los vecinos perjudicados procede al tapiado de esas viviendas cuando han sido desalojadas, para evitar nuevas ocupaciones. Asimismo, se queja de que se están creando «mafias» que ocupan las viviendas, luego las abandonan y las alquilan ilegalmente a otras familias.